Abertis negociará con el nuevo Gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei, un acuerdo para resolver amistosamente la disputa por la extensión del contrato de sus dos autopistas en el país. El grupo elevó el conflicto con el anterior Ejecutivo de Alberto Fernández el pasado verano hasta el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial.
Abertis, propiedad de ACS, presidida por Florentino Pérez, y la italiana Mundys, controlada por Alessandro Benetton y su familia, cuenta en Argentina con participaciones en dos concesionarias que explotan las mayores autopistas de peaje de acceso a Buenos Aires. Se trata de Autopistas del Sol (Ausol), en la que la compañía española tiene un 31,59% del capital y que opera las autopistas Panamericana y General Paztiene (Acceso Norte), con una longitud de 120 kilómetros; y de Grupo Concesionario del Oeste (GCO), en la que ostenta el 42,87% y que gestiona la autopista Buenos Aires-Luján (Acceso Oeste), con 56 kilómetros.
En enero de 2020, nada más llegar a la Casa Rosada, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anució que revisaría las concesiones de autopistas que están en manos privadas, refiriéndose explícitamente a las dos sociedades participadas por Abertis. Una amenaza que se materializó un año y medio después cuando confirmó la revisión del acuerdo al que habían llegado en 2018 el Gobierno de Mauricio Macri y las empresas, que reconoció los reequilibrios pendientes hasta 2017 y la extensión de la concesiones hasta 2030 -los contratos finalizaban entre 2018 y 2020-. Aquel pacto resolvió una larga disputa que había llegado al Ciadi en 2015 por la decisión del Ejecutivo de Cristina Fernández Kirchner de congelar las tarifas.
En enero de 2022, Ausol y GCO reclamaron más de 158 millones de dólares (casi 140 millones de euros) por el incumplimiento por parte del Gobierno argentino de la actualización de las tarifas. Una deuda acuciada por la pandemia y las restricciones a la movilidad impuestas.
En septiembre de 2022, Fernández anunció la firma de un decreto para iniciar un proceso judicial con el objetivo de anular los contratos de concesión a Ausol y GCO. Fernández y su equipo señalan el pago de una deuda por parte del Estado de 816 millones de euros, el incremento en 20 veces de las tarifas de peaje y las obras ejecutadas en las autopistas con financiación de un fondo público y no por las compañías.
El pasado 29 de agosto las concesionarias participadas por Abertis dieron un paso más y presentaron una demanda contra la Procuración del Tesoro de la Nación de la República de Argentina ante el Ciadi, invocando las reglas de arbitraje que aplica a los convenios internacionales. Con ello, el grupo español y sus socios responden a las demandas de lesividad por parte del Estado argentino para revertir sus dos concesiones en el país.
Ahora, con la victoria del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre el hasta ahora ministro de Economía, Sergio Massa, Abertis encuentra una puerta para tratar de llegar a un acuerdo y resolver el largo y costoso arbitraje en el Ciadi. Milei, que asumirá la presidencia el domingo, ya ha anunciado una ola privatizadora de empresas públicas, desmarcándose así de las líneas peronistas.
