Ferrovial mudará su sede social de España a Países Bajos y comenzará a cotizar en Ámsterdam y Estados Unidos para impulsar su proyección internacional, pero también para rebajar sus costes de financiación y para tener una fiscalidad más favorable de la que soportaba hasta ahora. Lo hará, siempre que sus accionistas lo aprueben, con un reguero de pleitos fiscales por resolver por discrepancias con las Administraciones tributarias españolas.
Al cierre de 2022, la compañía tenía registrados litigios relacionados con inspecciones tributarias en España por un importe de 332,4 millones de euros, siendo los más significativos los relativos al Impuesto sobre Sociedades e IVA por los ejercicios 2002 a 2017.
La compañía pagó en 2022 un total de 1.569 millones en impuestos, un 13,3% menos que en 2021
En 2022, Ferrovial desembolsó 1.569 millones de euros en impuestos (entre soportados, pagados y recaudados), un 13,3% menos que los 1.810 millones de 2021. La cantidad representa el 20,8% de los ingresos globales que la empresa que preside Rafael del Pino contabilizó el pasado ejercicio.
Las disputas entre Ferrovial y Hacienda -extensibles, en todo caso, a la mayor parte de los grandes grupos empresariales en España- vienen de lejos, habiéndose registrado en estos años resoluciones favorables para ambas partes. En la actualidad, para los litigios tributarios vigentes, la multinacional, por ahora española, tiene provisionados 204 millones de euros (en 2021 la cifra alcanzaba los 209 millones), fundamentalmente para los procesos en España. Con ello se protege de resultados adversos en las reclamaciones derivadas de tasas, tributos o impuestos locales o estatales por las diferentes interpretaciones a las normas fiscales en los diferentes países donde opera el grupo.
La dotación y reversión de estas provisiones "se realiza contra el resultado bruto de explotación, contra resultado financiero y/o contra el impuesto de sociedades, dependiendo de la naturaleza de impuesto al que haga referencia la provisión (sanciones, intereses de las mismas y/o cuotas de actas en disconformidad)", explica la compañía.
Entre los pleitos vigentes figuran los procedimientos relativos a la amortización a efectos fiscales del fondo de comercio financiero derivado de las adquisiciones de Swissport y Amey, operaciones que cerró hace 18 y 20 años (2003 y 2005), respectivamente. Ferrovial mantiene presentado un recurso contra la Decisión de la Comisión Europea de 2014 en la que se declara que esta medida fiscal es una ayuda de Estado. Aunque la compañía considera que "hay motivos fundados que apoyan la postura procesal del grupo", si no se produce una sentencia judicial favorable, habría un impacto negativo de 84,9 millones de euros en la cuenta de resultados de Ferrovial, correspondiente al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2002-2021. El importe máximo a pagar por la compañía sería de 44,3 millones de euros, dado que el resto ya ha sido satisfecho.
Impacto limitado
El otro litigio más relevante por volumen se refiere al acuerdo de liquidación del acta incoada a Ferrovial por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2006. La firma interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En este caso, el principal concepto debatido es la aplicación de la deducción por actividades exportadoras en relación con la inversión realizada en 2006 para la adquisición de la participación en la antigua BAA (Heathrow). El importe derivado de esta contingencia asciende a 119,2 millones de euros, que han sido totalmente provisionados por la empresa.
Si la junta de accionistas aprueba la operación corporativa planteada por Ferrovial, la compañía aterrizará su sede social en Países Bajos y verá mejorada su presión fiscal. Según un análisis de Banco Sabadell, el grupo se podrá ahorrar hasta 40 millones de euros al año en impuestos, aunque a juicio de la entidad financiero esto tendría un impacto limitado en su valoración bursátil.
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