Isabel Díaz Ayuso esquivó al filo de la medianoche del miércoles el fracaso del que se erige en su proyecto estrella, en materia de inversión, en esta legislatura: la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid. Tras los intentos fallidos del pasado otoño, la amenaza de que la tercera y última tentativa posible de la presidenta volviera a quedarse desierta no era menor.
La FCC del multimillonario mexicano Carlos Slim, con la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid había negociado intensamente en las últimas semanas, dijo finalmente no. Algo que ya habían hecho otros grandes grupos como Ferrovial, Sacyr y OHLA. La última bala era la de ACS y su alianza con Acciona. Prácticamente hasta el último minuto mantuvieron en vilo a la presidenta y su equipo, dadas las estrecheces en la rentabilidad que ofrece el proyecto. Aunque había acuerdo entre las dos empresas, la oferta no fue una realidad hasta que dio el visto bueno el grupo que preside Florentino Pérez, líder del consorcio. El también presidente del Real Madrid y su homólogo en Acciona, José Manuel Entrecanales, trasladaron su oferta sobre la bocina, como adelantó en su edición de ayer este diario. Han evitado así que Ayuso, con las elecciones del 28 de mayo a la vista, reviva los fiascos que ya experimentaron, de un modo u otro, sus predecesores en Sol: Cristina Cifuentes, Ignacio González y Esperanza Aguirre.
En las próximas semanas la Comunidad de Madrid evaluará la oferta y, si no hay imprevistos, ejecutará la adjudicación
El nuevo proyecto de la Ciudad de la Justicia agrupará en una única parcela en Valdebebas los 28 edificios judiciales que actualmente están dispersos por distintos puntos de Madrid. El recinto estará compuesto por 17 inmuebles y se estima que unas 31.000 personas podrán hacer uso a diario de las instalaciones. El contrato de construcción y explotación contempla un régimen concesional de 40 años con un canon estimado de 49 millones anuales. El presupuesto alcanza los 2.547 millones de euros, con 507 millones parala construcción. El valor total del proyecto se eleva hasta los 2.848 millones.
ACS y Acciona, que concurren a través de sus filiales Iridium Infraestructuras y Acciona Concesiones, prevén asumir con recursos propios -bancarios- el coste del proyecto para completar la financiación ofrecida por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por hasta el 50% del presupuesto de construcción -aproximadamente 250 millones de euros-. En las próximas semanas la Comunidad de Madrid evaluará la oferta y, si no hay imprevistos, ejecutará la adjudicación con el objetivo de que la nueva Ciudad de la Justicia esté operativa en el segundo semestre de 2027.
La iniciativa promovida por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sucede al proyecto impulsado por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que en 2015 adjudicó el contrato de construcción y gestión para la Ciudad de la Justicia a una alianza formada por OHL -hoy OHLA- y la propia Acciona. Sin embargo, apenas unos meses después, en el verano del mismo año, la entonces recién elegida presidenta regional, Cristina Cifuentes, tumbó la adjudicación bajo la argumentación de que aún no se había resuelto un litigio con Isolux Corsán por el proyecto previo del Campus de la Justicia, lanzado en 2004 bajo el mandato de Esperanza Aguirre y del que solo se construyó un edificio. La Comunidad de Madrid, por un lado, y Acciona y OHL, por otro, se enzarzaron en una batalla judicial que concluyó en 2020 cuando el Tribunal Supremo desestimó el último recurso de las empresas.
En el concurso del proyecto lanzado por Ignacio González, además de la unión ganadora de Acciona y OHL, concurrió la alianza de ACS y Ferrovial, mientras que FCC y Sacyr decidieron no participar en el proceso de un proyecto cuyas condiciones económicas eran consideradas, como ha ocurrido ahora, "muy ajustadas".
Ahora, casi 20 años después de que Esperanza Aguirre impulsara sin éxito 'su' Campus de la Justicia, Ayuso ha logrado el primer paso para que 'su' Ciudad de la Justicia sí sea una realidad.
