Grandes y medianas constructoras españolas perfilan sus alianzas para presentarse al millonario Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras de Aragón, una de las escasas oportunidades de colaboración público-privada que hay en la actualidad en el horizonte del mercado de las infraestructuras de España.
En la suma de fuerzas han irrumpido tres firmas con acento francés: el gigante de las infraestructuras Vinci, a través de su filial española API, y los fondos Ardian, a través de su concesionaria portuguesa Ascendi, y Meridiam. El Gobierno aragonés sacará a la luz pública de manera inminente las licitaciones de los 11 contratos en que ha dividido el programa, que movilizará más de 3.000 millones de euros para la construcción y el mantenimiento de las vías, mediante un sistema de pago por disponibilidad durante un plazo de 25 años.
Las concesionarias invertirán 630 millones en 30 meses desde la firma de los contratos
La estrategia predominante seguida por las constructoras discurre por forjar alianzas con firmas locales. Entre los mayores grupos españoles FCC figura como candidato firme a participar en los concursos, si bien aún no ha cerrado una UTE (Unión Temporal de Empresas). Ferrovial, por su parte, prevé concurrir en solitario por alguno de los concursos -incluso sólo uno-. Acciona y OHLA también negocian sus consorcios y ACS observa con interés el proceso, aunque las tres tomarán decisiones una vez conozcan con detalle el pliego de los contratos.
La dimensión de estas empresas, con una consolidada presencia internacional donde los retornos de las inversiones son mayores, provoca que su apetito por este plan sea contenido. Esto le ocurre a Sacyr, que encuentra en otros territorios mejores oportunidades y por ahora no contempla participar.
Lantania y CHM, Alvac y Meridiam, Sarrión y Cyopsa, Ascendi y MLN, Azvi y Marco y Vida y API, entre los consorcios más potentes
Todo lo contrario sucede con las constructoras de tamaño y exposición geográfica más acotadas. Muchas ya han conformado las alianzas, mayoritariamente con empresas locales, y otras siguen negociando. Emergerán más de una decena de UTES (uniones temporales de empresas) que se batirán el cobre por hacerse con alguno de los 11 contratos del plan -los consorcios, en general, se presentarán a un número corto de licitaciones y no a todas-.
De acuerdo con las fuentes consultadas, entre los consorcios acordados figura el de la andaluza Azvi, a través de su concesionaria Cointer, y Grupo Marco, original de Binéfar (Huesca). El fondo galo Ardian ha decidido participar a través de su concesionaria de carreteras portuguesa Ascendi junto con la compañía zaragozana Grupo MLN (Mariano López Navarro). Asimismo, Papsa se ha aliado con Vialex (Sorigué); Pavasal con la turolense AIC, Sarrión con Cyopsa, Emipesa y Grañén; Lantania con CHM y Altius, y la aragonesa Vidal con API, empresa española de conservación de carreteras propiedad de la multinacional francesa Vinci -la compró a ACS en 2021 en el marco de la adquisición de Cobra-.
Financiación bancaria
Mientras, Alvac ha encontrado un aliado de postín, el fondo de infraestructuras francés Meridiam, que en España es el propietario de las concesiones de la Autopista del Sol, en Málaga, de la Autovía A-66 Zamora-Benavente y de la Autovía CM-42 de los Viñedos, además de otros activos como hospitales, el Canal de Navarra, una incineradora en Guipúzcoa o una facultad en Barcelona.
La valenciana Rover también concurrirá -por ahora no ha completado una alianza-, al igual que la gallega Puentes y la catalana Copcisa, que negocian con socios locales. También se esperan movimientos de Comsa, Rubau, Copisa, Grupo Ortiz, Sando, Torrescámara, Sogeosa, Aldesa o Copasa.
Para financiar los proyectos, las constructoras recurrirán principalmente a los bancos. La presencia de fondos es, al menos inicialmente, testimonial -Meridiam- en este plan, dados el limitado retorno que ofrece para lo que exigen estos inversores -se estima en el entorno del 7%- y el reducido tamaño de los proyectos -sí entraron masivamente en los consorcios que se crearon en 2017 para el Plan de Carreteras que diseñó el Gobierno de España, aunque este nunca vio la luz-. Con todo, el Ejecutivo aragonés prevé la posibilidad de que los fondos adquieran, tras la formalización del contrato, un porcentaje de participación no mayoritario en la concesionaria para reforzar el capital y facilitar la financiación de los proyectos. Dicha venta puede hacerse al comienzo de la ejecución del contrato.?Asimismo, se permite otorgar garantías pignoraticias en favor de los financiadores.?
El Plan Extraordinario de Inversiones de Carreteras de la Red Autonómica Aragonesa (PEIC) se divide en 10 itinerarios y la duplicación de la calzada entre Tauste y Ejea y coinciden con las principales vías de comunicación de la región. En total se actuará en 1.767 kilómetros que suponen el 30% de la red autonómica.
El pasado mes de noviembre el Gobierno que lidera Javier Lambán explicó que las empresas concesionarias invertirán 630 millones de euros en 30 meses desde la firma de los contratos y tendrán la concesión de la explotación y conservación durante 25 años a través de un pago por disponibilidad de la vía -125 millones anuales durante 24 años, es decir, 3.000 millones-. El proyecto contempla una inversión inicial de hasta 540 millones de euros para la construcción -con obras entre los 34 y los 75 millones según el itinerario-, a los que se suman hasta 261 millones para mantenimiento y reposiciones.
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