Transportes reforma la gobernanza de Carreteras y busca acelerar inversiones

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha diseñado una reordenación de calado en el modelo de gobernanza de la Dirección General de Carreteras (DGC) y está impulsando varias medidas con las que busca mejorar la eficiencia y acelerar las inversiones, según indican fuentes conocedoras a 'elEconomista.es'.

El Gobierno aprobará en una próxima reunión del consejo de ministros un Real Decreto que desarrolla el cambio de la estructura de la organización de la DGC. En paralelo, el departamento que dirige Raquel Sánchez planea establecer acuerdos marco con ingenierías para agilizar las contrataciones y analiza establecer un nuevo esquema para los contratos de conservación, agrupando sectores y alargando sus plazos.

Promueve la aprobación de un contrato plurianual de aglomerados, en línea con lo que hacen ya la Comunidad de Madrid y Cataluña

El Ministerio, que ha declinado hacer comentarios, nombró en octubre pasado a Juan Pedro Fernández Palomino como director general de Carreteras, en sustitución de Javier Herrero. Ahora quiere dar un paso más en la renovación de la DGC con la reestructuración de las subdirecciones generales, que incluirá cambios en sus nomenclaturas y en sus responsables. Desaparece con entidad propia la de Proyectos y Construcción y se crea la de Innovación y Tecnología. Las cinco nuevas subdirecciones -el número se mantiene- serán: de Planificación y explotación; de Proyectos y Construcción; de Conservación y Gestión de activos; de Innovación y Tecnología; y de Coordinación. Los actuales subdirectores serán cesados con la aprobación del RD y se prevé el relevo de la mayoría de ellos. Asimismo, ya se ha aprobado la sustitución de cuatro de los 15 jefes de las Demarcaciones: Aragón, Cantabria, La Rioja y Murcia.

La nueva estructura obedece a la apuesta del Ministerio por potenciar la digilitazacion, la eficiencia energética y la transformación de la DGC desde el papel de inversor al de prestador de servicios -construcción se borra de la subdirecciones-. Con todo, Transportes proyecta invertir más de 2.600 millones de euros en carreteras en 2023: 1.100 millones a obras y 1.500 millones a conservación.

Cambiar la ley o puesta a cero

En este nuevo escenario, el Ministerio trabaja en varias iniciativas para modernizar el funcionamiento de la DGC y de las Demarcaciones, con un modelo más centralizado. El sistema actual propicia, a su juicio, ineficiencias en la contratación en carreteras, con plazos prolongados, de incluso varios años, desde la planificación hasta la ejecución. Un escenario que afecta a grandes infraestructuras y a actuaciones de menor dimensión como reparaciones de vía, adecuación de enlaces o humanización de travesías. La medida contempla que la DGC firme contratos marco, repartidos por lotes territoriales, con varias ingenierías a las que recurrir sin necesidad de sacar un proceso para cada actuación y así agilizar el diseño y la redacción de los proyectos y su posterior ejecución.

Transportes analiza también, en aras de aligerar su carga y ganar eficiencia, un nuevo modelo de conservación de carreteras por el que plantea reducir el número de contratos que hay en la actualidad -más de 150-. Así, estudia agrupar contratos por áreas geográficas y fijar plazos por periodos más largos, de entre ocho y 10 años. Para ello tendría que cambiar la Ley de Contratos Públicos, que limita a cinco años los contratos de servicios, o conferirlos con presupuestos más elevados incluyendo la puesta a cero de las carreteras. Esta fórmula replicaría a la de las autovías de primera generación.

En tercer lugar, el Ministerio promueve la aprobación de un contrato plurianual de aglomerados, en línea con lo que hacen ya la Comunidad de Madrid y Cataluña, asignando por geografías un número determinado de toneladas que se disponen en función de las necesidades.