El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha desbloqueado una quincena de contratos de conservación y explotación de carreteras valorados en cerca de 250 millones de euros que habían sido paralizados como consecuencia de los recursos contra los pliegos presentados por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
Una reciente resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha fallado a favor, parcialmente, de la patronal en su demanda para suprimir algunas de las cláusulas que la Dirección General de Carreteras (DGC), al igual que otros organismos públicos como Adif, habían introducido para preservar la lucha contra el fraude.
En sus recursos, la patronal arguye la inclusión en los pliegos de "condiciones de ejecución incompatibles con el ordenamiento jurídico"
La CNC interpuso a comienzos del pasado verano cinco recursos contra los pliegos de contratos de conservación y explotación de carreteras que habían sido licitados. La reclamación paralizó los procesos y provocó, igualmente, que más de una decena de contratos que estaban programados para su licitación se guardaran temporalmente en el cajón.
En sus recursos, la patronal arguye la inclusión en los pliegos de "condiciones de ejecución incompatibles con el ordenamiento jurídico". En concreto, se refiere la cláusula 42 por la que "las condiciones especiales de ejecución exigidas" tendrán, además, "la calificación de obligaciones esenciales, por lo que el incumplimiento será causa de potestativa de resolución del contrato". Asimismo, denuncia el punto recogido tanto en dicha cláusula como el apartado 23 del cuadro de características por el que "el contratista adjudicatario estará obligado tras la formalización del contrato, durante su ejecución y hasta su liquidación a mantenerse en situación de no incurso en prohibición de contratar".
Para la CNC, esta condición "adolece de falta de concreción y, por ende, de seguridad jurídica, máxime tratándose de derecho administrativo sancionador o, cuanto menos, regulador de penalidades". Indica, de igual modo que "no es compatible con la regulación que hace la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público", en tanto en cuanto, según la norma "las prohibiciones de contratar, que en tanto no estén declaradas y publicadas, con indicación de su duración, carecen de virtualidad para los contratos en vigor". El Tribunal ha estimado en una primera resolución las alegaciones en estos puntos y ha declarado la nulidad de los mismos, mientras que ha rechazado la parte relativa a la cláusula de sanciones y resolución del contrato.
Multa de la CNMC
Ante ello, la DGC ha modificado los pliegos y ha retomado las licitaciones bloqueadas. Se trata de una decisión similar a la adoptada recientemente por Adif, que también ha visto cómo el TACRC daba la razón a las constructoras en varios recursos de similar motivación.
Las denuncias de la CNC se originaron a comienzos del verano después de que se conociera la sanción por 203,6 millones de euros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la seis principales constructoras españolas (ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHLA) por supuestas prácticas contra la competencia.
