Infraestructuras y Servicios

Ayuso abre la puerta a alargar el plazo de la Ciudad de la Justicia para evitar quedarse sin ofertas

  • Las constructoras presionan para que mejore las condiciones económicas del proyecto
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha abierto la puerta a retrasar el plazo para presentar las ofertas por el contrato de construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia, el proyecto estrella en el ámbito de las infraestructuras del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso, y mejorar las condiciones de rentabilidad del mismo. Las empresas están llamadas para presentar sus propuestas este jueves, 20 de octubre, pero en las últimas horas desde el Gobierno regional se ha deslizado la posibilidad de extender el periodo en aproximadamente tres semanas ante el riesgo de que la licitación quede desierta.

Las dudas entre los potenciales licitadores se han ido multiplicando según ha avanzado el proceso. Las numerosísimas aclaraciones que han trasladado las constructoras han obtenido respuestas, en muchos casos, insatisfactorias por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que afronta el final del plazo para recibir ofertas sin la certeza de que haya alguna.

El estudio de viabilidad del proyecto determina que el plazo de recuperación de las inversiones planteadas concluye en la anualidad 28

Es este contexto por el que el Ejecutivo autonómico ha mostrado una mayor disposición a alargar el plazo y tratar de modificar algunas de las cláusulas del pliego para hacerlo más atractivo y garantizarse la concurrencia. En este sentido, el cambio más demandado discurre por incrementar el canon de la concesión, de manera que la tasa interno de retorno (TIR) alcance niveles adecuados a lo que se exige en la actualidad en el mercado. El estudio de viabilidad del proyecto determina que el plazo de recuperación de las inversiones planteadas concluye en la anualidad 28. Con el plazo de concesión base de 40 años la TIR de proyecto se sitúa en el 5,22% y la del accionista en el 2,35%. El valor actual neto (VAN), que determina cuánto se va a ganar o perder con una inversión, se estima en 19,77 millones de euros. Y con el de 28 años, la TIR de proyecto se reduce hasta el 3,97% y la del accionista quedaría en el -5,86%, clon un VAN de -69,44 millones.

FCC, ACS-Acciona, OHLA-Azvi-TIIC y Ferrovial-Sacyr han sido las empresas que han mostrado mayor interés en el proceso

Fuentes oficiales de la Comunidad de Madrid aseguraron este miércoles que la licitación sigue su curso y al cierre de esta edición no se había adoptado una decisión formal para ampliar el plazo, aunque admitieron que las constructoras se lo han reclamado, al igual que la subida de los retornos económicos. La extensión que se ha planteado es de tres semanas, aunque este miércoles no estaba definida aún.

Cuatro han sido las candidaturas que han mostrado una mayor disposición participar en la licitación durante el proceso, aunque este miércoles la incertidumbre sobre si finalmente alguna presentaría oferta era máxima. ACS se alió con Acciona, aunque el apetito de ésta habría decaído en los últimos días. OHLA unió fuerzas con Azvi y el fondo TIIC. FCC se postuló en solitario y Ferrovial y Sacyr forjaron una UTE, que sin embargo, desinfló su interés semanas atrás.

Ahora, si se confirma la prórroga y realmente mejoran las condiciones económicas del contrato la posición de unas y otras podría cambiar y favorecer así una licitación con mayor competencia.

Presupuesto

El proyecto de la Ciudad de la Justicia, cuya licitación fue publicada por la Comunidad de Madrid a finales de julio, cuenta con un presupuesto para la fase de construcción de 507 millones de euros. En el sector privado aseguran que este presupuesto está muy alejado de sus estimaciones, hasta el punto de que los cálculos que manejan la mayoría de las constructoras interesadas lo sitúan un 20% por ciento por encima -superando así los 600 millones de euros-. El contrato, licitado como una concesión de obras con un plazo de 40 años, tiene un valor total de 2.848 millones de euros (sin IVA), a razón de 49,4 millones de euros -revisable a partir del octavo año-.

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