OHLA se ha propuesto rearmar su división de concesiones, después de vender hace cuatro años OHL Concesiones al fondo australiano IFM por más de 2.700 millones de euros. La compañía ha conseguido en los últimos meses los contratos para la construcción y mantenimiento de cuatro hospitales en la región del Biobío, en Chile, por 235 millones de euros, y de la carretera Accesos a Bogotá Norte 2, en Colombia, por 338 millones de euros.
Asimismo, recientemente ha sido seleccionado para la construcción y gestión del aparcamiento del Hospital Niño Jesús, en Madrid (España), adjudicación que aún ha de ser rubricada por la Comunidad de Madrid.
La compañía "sigue analizando proyectos en sus áreas de referencia, Europa, Estados Unidos y, sobre todo, Latinoamérica"
El objetivo de la empresa que dirigen Luis Amodio y José Antonio Fernández Gallar es lograr dos proyectos concesionales al año. La compañía "sigue analizando proyectos en sus áreas de referencia, Europa, Estados Unidos y, sobre todo, Latinoamérica", ha señalado Fernández Gallar, consejero delegado, durante su intervención en la junta general de accionistas celebrada esta mañana. El presidente, Luis Amodio, incidió también en que "Latinoamérica es una región clave para OHLA desde el punto de vista del relanzamiento de su cartera de concesiones". La multinacional española ha pujado recientemente por otra carretera en Colombia, ganada por un consorcio en el que participa la también española Grupo Ortiz.
OHLA tiene en su cartera de activos concesionales que quedaron excluidos de la venta a IFM: el Puerto de Roda de Bará, en Tarragona; Marina Urola, en Zumaia; el Hospital de Burgos; las comisarías de Horta-Guinardó y de Sant Andreu, en Barcelona; y el Centro de Justicia de Santiago de Chile. A todo ello se suman las dos recientes adjudicaciones en Chile y Colombia y el contrato para el mantenimiento de medio centenar de viviendas sociales en distintas localidades de Irlanda, con 123 millones de euros de inversión.
En su apuesta por el negocio de concesiones, Fernández Gallar ha urgido al Gobierno español a impulsar mecanismos de colaboración público-privada que permitan acometer los proyectos prioritarios en el sector de las infraestructuras, que "debe estar a la vanguardia de la recuperación económica y social, convirtiéndose en un factor de crecimiento y de estabilidad". Un llamamiento compartido por grupos de infraestructuras e inversores ante la parálisis que se da en España desde hace una década en el desarrollo de nuevos proyectos concesionales, motivada en gran parte por las restricciones a la rentabilidad que impone la ley de desindexación de la economía española.
"Existe una gran liquidez en los mercados, creciendo cada año el número de inversores financieros e institucionales, que buscan oportunidades de inversión que satisfagan sus exigencias de rentabilidad y limiten la asunción de riesgos"
"La imparable escalada de los precios de los materiales de construcción y energéticos en 2020 y la crisis de suministros ha provocado un impacto sin precedentes en el sector, que ya arrastraba un importante retraso en lo que respecta a la ejecución de los planes de inversión", ha advertido Fernández Gallar. Los Fondos Next Generation, ha añadido, "ayudarán a reforzar la actividad de construcción en Europa y a mejorar la red de infraestructuras", pero "ante la escasez de recursos destinados a mejorar infraestructuras de obra civil con grandes necesidades en sectores como el agua, medio ambiente, energía o movilidad sostenible, es necesario -a su juicio- que se impulsen mecanismos de colaboración público-privada para poder acometer los proyectos prioritarios con el fin de cumplir con la agenda 2030 y mantener el stock de capital en infraestructuras".
"Es indispensable recuperar la colaboración público-privada", ha reiterado. Máxime, cuando "existe una gran liquidez en los mercados, creciendo cada año el número de inversores financieros e institucionales (fondos de pensiones, de infraestructuras y soberanos, compañías aseguradoras, etc.), que buscan oportunidades de inversión que satisfagan sus exigencias de rentabilidad y limiten la asunción de riesgos", ha subrayado. "Atraer esa liquidez requiere del uso de esquemas de asociación público-privada, que sin alterar la titularidad pública de las infraestructuras, suponen una alternativa inversora muy conveniente por razones de su bajo impacto en el déficit público y de eficiencia y simplicidad en la gestión al incorporar en un solo contrato el diseño, la financiación, la construcción y la operación de la infraestructura así como el reparto equitativo del esfuerzo inversor a largo plazo", ha remarcado.
Fernández Gallar ha hecho hincapié en que a pesar del contexto actual, marcado por la pandemia y por la guerra en Ucrania, "esperamos que la compañía continúe en la senda de crecimiento que viene demostrando en los últimos cuatro años". En este sentido, ha ratificado los objetivos del grupo para 2022 de superar los 3.000 millones de ventas, alcanzar un resultado bruto de explotación (ebitda) de 110 millones de euros y contratar proyectos por más de 3.500 millones de euros. Asimismo, ha incidido en la prioridad estratégica de continuar reduciendo la deuda, hasta situar el ratio de apalancamiento por debajo de tres veces ebitda.
