La mayoría de los trabajadores de la planta de Guardian Glass en Laudio-Llodio ha aceptado las condiciones ofrecidas por la empresa en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERE) presentado por la dirección, que contemplan una indemnización de 45 días por año trabajado con 33 mensualidades como máximo.
El ERE contempla el despido de los 171 trabajadores de la fábrica, cuyo cierre fue anunciado el pasado mes de enero por la dirección, que para justificar la medida alegó que los daños que sufría el horno comprometían la "seguridad" de las instalaciones.
Pese a que el periodo de consultas sobre el ERE concluyó sin acuerdo, finalmente la mayoría de la plantilla ha aceptado las condiciones ofrecidas por la empresa para el despido, según han confirmado fuentes sindicales a Europa Press.
De esa forma, se pone fin al conflicto laboral en la planta, cuyos trabajadores han realizado diversas protestas y movilizaciones en los últimos meses.
Los despidos han empezado a ejecutarse este lunes, con unas condiciones que contemplan una indemnización de 45 días por año trabajado, con 33 mensualidades como máximo.
Guardian compró la fábrica en 1985 y llegó a tener unos 1.000 trabajadores. En 2020, esta planta vendió su división de parabrisas para automóvil al fondo Parter Capital. Esa división, que pasaría a conocerse con el nombre de Autoglass-Glavista, tenía 240 trabajadores y acabó en concurso de acreedores.
"Total impunidad"
Por su parte, el sindicato LAB ha denunciado que el despido de los 171 trabajadores se ha producido "con total impunidad" ante la "pasividad e inacción" del Gobierno Vasco. LAB ha recordado, a través de un comunicado, que el pasado miércoles finalizó sin acuerdo el periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Guardian.
El sindicato ha lamentado que el cierre de la empresa "no es consecuencia de una situación sobrevenida o inevitable, sino el resultado de una estrategia planificada por la multinacional para desmantelar la planta". "Guardian ha provocado deliberadamente las condiciones para justificar un cierre que, desde el primer momento, hemos considerado premeditado", ha denunciado LAB.
Además, ha lamentado que tras llamar a "todas las puertas institucionales posibles", únicamente se ha encontrado con la "inacción" de las administraciones. "Más allá de declaraciones en prensa, no ha habido voluntad real de poner soluciones encima de la mesa, y mucho menos de salvaguardar el empleo", ha explicado.
LAB ha censurado, además, que "las presiones de la empresa para cerrar el proceso únicamente con indemnizaciones han tenido efecto", de forma que "una mayoría de la plantilla ha optado por aceptar las cuantías ofrecidas, renunciando así a continuar por la vía judicial".
El sindicato ha acusado a la empresa de "utilizar el desgaste y la incertidumbre para doblegar voluntades, jugando con la vida y los puestos de trabajo de las personas".
En el caso del Gobierno Vasco, le ha reprochado que haya optado "por ser un simple espectador en lugar de actuar como agente activo en defensa del empleo y la industria local". "Esta pasividad institucional solo sirve para fortalecer el poder de las grandes multinacionales a costa del tejido productivo y social de nuestro país", ha criticado.
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