Tess Defence, el consorcio formado por Indra, Escribano, Sapa y Santa Bárbara, que se adjudicó el contrato de Defensa de 2.400 millones de euros para la fabricación de los blindados 8X8 se arriesga a multas de hasta el 50% del importe total ante un posible incumplimiento.
El consorcio acumula ya dos años de retraso y, según consta en el contrato, al que ha tenido acceso elEconomista.es, en caso de demoras o cumplimientos defectuosos habría que aplicar el PCAP (Pliego de Cláusulas Administrativas), que establece que multas de hasta el 10 por ciento del importe, excluyendo el IVA, por un importe total de hasta el 50%. Según figura en el contrato, el consorcio presentó avales de 86 millones de euros ante posibles incumplimientos.
Según las cláusulas recogidas en el acuerdo, estas garantías suponen solo el 5% del precio final del contrato que ascendió a los 2.100 millones de euros en el momento de su firma en agosto de 2020. Según queda recogido en la normativa de las contrataciones públicas en materia de defensa, si el Órgano de Contratación –en este caso, el ministerio– decide imponer sanciones, éstas "deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento". Tal y como queda establecido en el Pliego, "las multas se impondrán por acuerdo del Órgano de Contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantía que se haya constituido cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos".
En el Pliego se establece asimismo que "si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el Órgano de Contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor". Eso sí, el Ministerio de Defensa tiene la obligación de emitir en este caso un informe donde se determine las razones por las que el retraso no es imputable al consorcio.
Multa
El ministerio, que ha impuesto ya una multa a Tess Defense de 9,2 millones por el incumplimiento de los plazos pactados, lleva meses reclamando la entrega inmediata de las primeras unidades. El objetivo del Gobierno es incrementar la seguridad y protección de los soldados y oficiales en sus distintas misiones, además de proporcionar mejores capacidades para operar en escenarios de todo tipo de intensidad. En esa dirección incide el programa de los 8x8, ahora acuciado por un escenario geoestratégico que exige incrementar la inversión en defensa hasta el 2% del PIB en el año 2029, con el consiguiente proceso de modernización y mejora del equipamiento.
El 20 de febrero, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, volvió a reprender a Tess Defense, pero evitó pronunciarse sobre la posibilidad de nuevas multas ante las preguntas en el Congreso de PP, Vox y UPN. "La industria tiene que hacer más porque se ha demorado la entrega de los vehículos en producción, por lo que no se han cumplido los objetivos fijados para 2024 y el calendario de entregas se ha retraso a 2025", aseguró durante su comparecencia la secretaria de Estado.
