El retraso de más de año y medio en las entregas del megacontrato de los vehículos blindados 8X8 encargados en 2020 por el ministerio de Defensa a Tess Defense ha desatado una batalla interna entre los socios del consorcio: Indra, Escribano, Santa Bárbara y Sapa. Unos y otros se acusan mutuamente de la responsabilidad en la demora con una tensión añadida por la sanción de 9,2 millones que ha impuesto el el Gobierno.
Y es que, mientras que Santa Bárbara era partidaria de recurrir inicialmente la multa, el resto se opuso de forma tajante para evitar un enfrentamiento con el Gobierno. Hay que tener en cuenta que Indra está participada por la Sepi, y que Escribano y Sapa participan a su vez en el capital de Indra. La filial de General Dynamics sí que intentó frenar la sanción en los tribunales, pero ante la falta de apoyo del resto de los socios, acabó por desistir. El enfrentamiento, en cualquier caso, se ha agravado ahora ante el fuerte retraso y después de que las entregas de los blindados se hayan aplazado sine die. Pese a que prefieren mantener el anonimato, las acusaciones mútuas entre los directivos crecen cada día de retraso que se acumula. Ante las preguntas de este periódico hay quien responsabiliza directamente a Sapa como la responsable de que no funcione la transmisión de los vehículos con el motor Scania.
Otros, sin embargo, responsabilizan a Santa Bárbara e incluso a Escribano por no haber realizado hasta la fecha ninguna prueba con la torre de 30 mm que incorpora el blindado y, sobre todo, porque esta compañía, que nació en un taller en Coslada, asumió unos plazos de tiempo imposibles de cumplir. De hecho, de acuerdo a las fuentes consultadas, Escribano habría aceptado el proyecto de los blindados por una ansiosa ambición de crecimiento sin los medios y recursos necesarios para alcanzar las especificaciones solicitadas por el ministerio de Defensa.
Para intentar poner remedio a esta situación, el pasado mes de septiembre el Consejo de Indra aprobó la adquisición de una posición mayoritaria de TESS Defence, que pasará a ser del del 51,001%. La compañía explica que con este acuerdo de accionistas se ha establecido un nuevo modelo de gobernanza, que "permite a Indra asumir una mayoría de control", pero lo cierto es que el enfrentamiento no ha cesado. A la batalla interna entre los socios del consorcio se suma además un grave defecto en la construcción de los blindados. Según ha adelantado Moncloa.com, los vehículos no cuentan con los sistemas de protección activa APS(Active Protection System) que, entre otras cosas, funcionan como un complemento al blindaje pasivo del vehículo para aumentar la protección de los soldados.
Clave para el Ejército
Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que resulta paradójico que el 8X8, vendido como el "mejor vehículo de su clase" y construido para "modernizar la flota de blindados" de las Fuerzas Armadas, no cuente con este tipo de sistemas avanzados que son muy eficaces frente al ataque con misiles anticarro, granadas propulsadas o drones. El problema de fondo es que la incorporación de los APS supone un aumento de peso del vehículo, algo que podría dificultar la movilidad del mismo en terrenos embarrados. El consorcio acumula ya más de un año de demora en las entregas y aunque el pasado martes se mostraron las primeras unidades en un acto en Sevilla en las instalaciones de Santa Bárbara al que acudió la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, sigue sin haber fecha para entregar.
El nuevo presidente de Indra, Ángel Escribano, prevé la entrega de 92 unidades a lo largo de este mes de febrero, pero en el consorcio hay opiniones contrarias y hay quien dice ya abiertamente que "eso es imposible". Y todo ello se da en un momento en el que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está presionando y exigiendo a sus aliados en la OTAN un mayor gasto en Defensa, de manera que alcance el 5% del PIB del país.
