Barcelona
El ya tortuoso rearranque de la planta de aluminio de Alcoa en San Ciprián (Lugo) suma un nuevo frente abierto. La multinacional estadounidense trata de replantear el acuerdo alcanzado con el Gobierno y los sindicatos para aplazar la puesta en marcha de la instalación debido a que sus operaciones siguen sin ser rentables. Y al contexto actual, con precios del aluminio bajos y los costes de la electricidad todavía altos, se le añade un reciente auto sobre renovables del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) que puede paralizar la instalación de nuevos parques que dependan de la autonomía por casi dos años.
Este mismo mes de marzo, el TSXG planteó una triple cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si los parques de eólicos se aprobaron dando a todas las partes interesadas la información necesaria, una cuestión prejudicial en un litigio sobre la legalidad de una autorización de la Xunta a Eurus Desarrollos Renovables. Según las fuentes consultadas, la corte europea podría tardar hasta dos años en pronunciarse, un plazo en el que quedaría suspendida toda instalación de MW renovables dependientes de Galicia, aunque cuenten ya con una declaración de impacto ambiental favorable.
Ante esta situación, es inevitable que los ojos viren hacia Alcoa San Ciprián, una planta que cerró en 2022 por los altos precios energéticos -a pleno rendimiento consume el 1,5% de la electricidad nacional- y que todavía no tiene firmado el 50% de la energía que necesita para funcionar al 100%. El parón a la construcción de nuevos parques, principalmente eólicos, sega las posibilidades de que la instalación vuelva a hacer funcionar sus hornos.
"Un precio final de energía competitivo y estable es un factor determinante para la viabilidad de la planta de aluminio primario de San Ciprián", explica la empresa a elEconomista.es. Y añade: "esta sentencia, y sobre todo la judicialización en general del sector eólico en Galicia genera una elevada incertidumbre en los tiempos y cantidades de energía a entregar de la PPAs firmadas en 2022, y supone un riesgo añadido para los promotores".
En la misma línea se expresaron los expertos consultados por este medio e incluso la patronal, que denunciaron incluso inseguridad jurídica al quedar en entredicho parques ya en tramitación.
El auto del TSXG afecta a los parques de menos de 50MW de potencia, dependientes de la administración autonómica. Y aunque para los PPAs firmados con Greenergy y Endesa se necesitarán grandes instalaciones, también existen infraestructuras de este tamaño sobre las que, además, tanto Alcoa como el comité de empresa, denunciaron los retrasos de la Xunta para sacarlos adelante.
Los contratos con las dos operadores debían surtirle del 75% de la electricidad, pero las restricciones de la Xunta, que no autorizó hasta una quincena de parques eólicos provocaron que el porcentaje asegurado cayese hasta el 50%. Según explicaba la empresa durante 2020, su factura energética alcanzaba los 400 millones de euros. La planta necesita 3,5 TWh anuales para trabajar al máximo de su capacidad, por lo que la cifra pendiente de cerrar rondaría los 1,75 TWh por ejercicio.
"Hoy en día no se están encontrando alternativas suficientemente competitivas", añade la organización. Y zanja: "Por tanto, la viabilidad que podría haberse facilitado a partir de 2025 con entregas de estas PPAs aún no se ha producido. Esto es uno de los motivos por los que Alcoa está proponiendo distintas medidas, entre las que se incluyen tener flexibilidad en completar el rearranque de la planta de aluminio frente a lo establecido en el acuerdo de viabilidad".
José Antonio Zan, presidente del comité de empresa, recuerda que la compañía todavía no tiene la energía asociada al arranque, aunque los parques más importantes son superiores a 50MW y dependen del Ministerio para la Transición Ecológica.
Este jueves, reunión con entre Alcoa y el Ministerio de Industria
Con el añadido del auto, los representantes del Alcoa y el Ministerio de Industria se verán las caras este jueves 4 de abril tras varios meses de tiranteces después de que la compañía pidiese cambiar los términos del rearranque acordados en 2021. El encuentro llegará después de que la cotizada norteamericana admitiese haber iniciado contactos con potenciales compradores para San Ciprián.
"La compañía está iniciando contactos con potenciales compradores fiables que pudieran tener interés en adquirir las operaciones. Esto no significa que se vaya a realizar una venta, ya que cualquier potencial transacción debe abordar adecuadamente cuestiones clave para nuestros empleados y para Alcoa", dijo en un comunicado.
Alcoa, que augura "pérdidas significativas en 2024 y 2025" en el centro señala que presentará al Gobierno las acciones a tomar para mejorar el resultado de sus operaciones y en un pacto con el Comité de Empresa para retrasar las inversiones y el rearranque para no quedarse sin fondos en la filial española. Se espera que los directivos de la empresa aparezcan ya con propuestas concretas.
Para 2024 augura unas pérdidas de 200 millones de dólares (183 millones de euros al cambio), y arrastraba unos números rojos de 130 millones de dólares (120 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2023. La organización se ha dejado hasta 700 millones desde el estallido de la pandemia.
Y la matriz se ha cansado de sostener las operaciones de la filial española a través de préstamos. "Si la situación no cambia significativamente en los próximos meses, anticipamos que los fondos disponibles se agotarán en la segunda mitad de 2024", avisó el consejero delegado de la multinacional, William Oplinger, en enero.
El directivo advirtió de que no tendrá "más remedio que tomar decisiones difíciles que tendrán un impacto adverso y potencialmente irrevocable en el empleo y la economía de Galicia en general" si la situación no cambia. Y es que según los cálculos de la organización, San Ciprián hizo un agujero de 150 millones en su Ebitda a pesar de tener la planta de aluminio cerrada y la refinería de alúmina al 50% de su capacidad. "A pesar de nuestros esfuerzos colectivos, claramente no hemos alcanzado nuestro objetivo de lograr la viabilidad económica de San Ciprián", lamentó.
