La Alianza por la Competitividad Industrial, que aglutina a las principales patronales de este país, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un mayor peso político del Ministerio de Industria frente a otros departamentos, en clara alusión a Transición Ecológica. La capacidad de coordinación e influencia de la actual secretaría general, encabezada por Francisco Blanco, respecto a otros departamentos del Gobierno es insuficiente para impulsar adecuada y eficazmente la Política Industrial. La negativa de los sucesivos ejecutivos a elevar esta secretaría general a secretaría de estado es un termómetro del nivel de prioridad que los gobiernos otorgan al desarrollo de su tejido productivo.
Las patronales indican que resulta paradójico que, una política de evidente carácter estratégico -recordemos que es una de las prioridades asumidas desde el inicio de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea-, no otorgue rango de Secretaría de Estado al departamento responsable de su ejecución. Dicha consideración, aparte de reforzar la institucionalidad y dotar al departamento de mayor capacidad de coordinación e influencia, permitiría al titular participar en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, encargada del análisis y preparación de los asuntos que se someten al Consejo de Ministros.
Para ello, la Alianza, que está constituida por ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales), SERNAUTO (componentes de automoción) y UNESID (siderurgia), plantea tres propuestas concretas que permitan impulsar al sector.
En el primer caso, la constitución de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política industrial, un órgano con capacidad para coordinar la actuación de los diferentes departamentos ministeriales con competencias en ámbitos que afectan a la industria. Porque el futuro de la industria está vinculado a las políticas energéticas y medioambientales, al desarrollo de infraestructuras logísticas y de transporte, a la disponibilidad de materias primas minerales, a los programas de innovación, desarrollo tecnológico y digitalización, o al desarrollo de cualificaciones profesionales y de la formación para el empleo. Este órgano permitiría desarrollar una política industrial efectiva y coordinada, así como diseñar adecuadamente la autonomía estratégica que el país necesita.
En segundo lugar, la Asociación pide la creación de una Agencia Estatal, dotada de capacidad operativa y de recursos económicos y humanos suficientes, que actuara de forma coordinada con las diferentes comunidades autónomas.
La Agencia, entre otras funciones, podría gestionar los incentivos a la inversión, agilizar mediante procedimientos de ventanilla única proyectos estratégicos industriales, facilitar el desarrollo de proyectos de innovación que respondieran a las necesidades de las empresas, e instituir observatorios de competitividad internacional y de vigilancia normativa, capaces de detectar los diferenciales competitivos alcanzados por terceros países y proponer medidas similares en nuestro país.
Por último, el actual Foro de Alto Nivel de la Industria Española, creado con el objetivo de que las organizaciones empresariales y sindicales asesoraran al Ministerio, debe evolucionar a un Consejo Asesor de Política Industrial con atribuciones efectivas para intervenir en el diseño de la estrategia industrial y de sus instrumentos de ejecución. Asimismo, el Consejo debería recuperar los observatorios sectoriales -con la participación de sus respectivos agentes sociales- los cuales elevarían propuestas y medidas específicas para impulsar el desarrollo competitivo y sostenible de aquellas actividades industriales estratégicas desde un punto de vista económico, social, sanitario o de seguridad.