La patronal azulejera Ascer estima que las subidas en las facturas de gas y electricidad se traducirán en un incremento de la factura energética global del sector del 61%, lo que supondrá un impacto en el sector de más de 300 millones de euros.
Unos sobrecostes con los que "la pérdida de competitividad y de rentabilidad de las empresas azulejeras puede desembocar en una pérdida de puestos de trabajo y afectar negativamente a la economía de toda una provincia", en referencia a su importancia en la actividad económica de Castellón, donde se concentra más del 90% de la producción española, el mayor fabricante de baldosas cerámicas de Europa.
Según Ascer, los incrementos del gas y el CO2 están catapultando los precios de la tierra atomizada, materia prima fundamental para la producción cerámica lo que conduce a ahondar la pérdida de competitividad y pone en riesgo la supervivencia del sector con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.
Según señala, la industria y las empresas en general no pueden trasladar sus precios al consumidor de forma automática y cuando se hace quedan obsoletos en estos días de escalada desmedida.
"La propuesta del Gobierno de reconducir los windfall profits de determinadas centrales y de eliminar parte de los beneficios de las eléctricas, no son una solución, son un parche", declara Vicente Nomdedeu, presidente de Ascer.
Propuestas al Gobierno
En su lugar, plantea como medidas eliminar el sistema marginalista de precios del pool eléctrico por un sistema ponderado y de esta forma cada energía se contabilizaría en función de su precio y la cantidad de MW aportados al pool.
También reclama una intervención en la parte regulada del gas que suponga reducir los peajes actuales y promover los gases renovables. "El gobierno apenas ha destinado 100 millones de euros en su nueva hoja de ruta del biogás con una tímida capacidad de generación de 10,41 TWh para todo el país hasta 2030. Cabe destacar que sólo el sector cerámico consume anualmente 14 TWh".
Según la patronal azulejera, "la inversión en energías renovables, especialmente fotovoltaica, debe ser un elemento incentivador para todos, pero no puede suponer un castigo para aquellas industrias que no tienen una alternativa al gas o a los combustibles como la industria pesada o los transportes por carretera."
