El balance del tiempo que lleva de mandato realizado por Pedro Sánchez ha dejado frases lapidarias, como acostumbra desde que llegó a la primera línea de la política nacional hace cuatro años y medio. Afirmaciones que no compartirían muchos de sus correligionarios y que de hecho no comparten muchos de sus votantes, como las encuestas más fiables (las privadas) desvelan de forma continua.
Pero de todo lo dicho queda para el glosario de este tiempo convulso de la democracia española una aseveración por la que titularon muchos medios de comunicación al referirse a la comparecencia del presidente: "En siete meses hemos hecho más por España que el anterior Gobierno en siete años". Sánchez presume de haber logrado en siete meses cosas que Rajoy no consiguió en parecido guarismo pero referido a los años en los que ocupó el poder, entre diciembre de 2011 y junio de 2018, que no son siete años sino seis y medio.
En ese recipiente útil para todo ha metido el actual inquilino de La Moncloa los diez meses en que su antecesor estuvo en funciones, sin aprobar una sola disposición legislativa y gestionando tan sólo el día a día de una administración bloqueada por cuestiones a las que cada español pondrá un epíteto y sobre las que cada uno tendrá un culpable, aunque la inmensa mayoría señalen casualmente al mismo.
Los "siete" años de Rajoy han cumplido el guión preestablecido siempre que no gobierna una fuerza progresista en nuestro país. En estos casos, la mayoría absoluta no legitima a quien la ostenta para llevar a cabo sus reformas, y nace una encrespada, mediática y radical oposición que termina derribando al Ejecutivo. Pese a ello, los errores de enorme magnitud del anterior presidente han sido los que han hundido su propia imagen.
Errores de comunicación y de política, más discutibles si se analiza la gestión diaria de los asuntos que le estallaron en las manos, especialmente dos: la quiebra del país en aquél terrorífico 2012, y la intentona golpista de secesión en Cataluña. El gran acierto de Rajoy fue evitar la intervención de la economía española por la Comisión Europea. Hacer algo por España, como reza el eslogan sanchista, debería empezar por cosas así. Su gran error fue no aplicar el artículo 155 hasta sus últimas consecuencias, y convocar unas elecciones que reclamaban PSOE y Ciudadanos sin calcular que la mayoría de los escaños en el Parlament seguiría siendo independentista. De aquella nefasta decisión cuelga la situación actual, con un Gobierno catalán crecido en su provocación y reticente en sus exigencias ilegales.
El otro fracaso sonado del ex presidente del PP, que quedará en la historia política para muchas décadas, es su inacción para combatir la corrupción que anidó en su partido de forma idéntica a como ocurre en el resto de formaciones que han tocado poder. Rajoy demostró no saber cómo atajar ese cáncer que acabó carcomiendo a su partido hasta la famosa sentencia que fue el McGuffin utilizado por sus adversarios para desalojarle.
Los siete meses de Sánchez han servido de poco en términos legislativos. Los anuncios adornados que se hacen en el Consejo de Ministros rara vez se han traducido en proyectos de ley aprobados en el Congreso salvo excepciones que deben ser calificadas de positivas para la mayoría de los ciudadanos. Pero esas son las únicas en las que el resto de fuerzas están de acuerdo. Las mejoras sociales que el presidente alude en cada comparecencia están aún por llegar, como está por demostrarse que supongan una mejora respecto a los recortes anteriores que tanto ha denunciado.
Sánchez se ha movido en estos meses a golpe de rectificaciones, envuelto en polémicas sobre su comportamiento personal en el uso de medios públicos y por mentir en relación a su tesis doctoral. Ha anunciado una y mil veces el cambio de ubicación de los restos del dictador sin que eso haya ocurrido aún, y en el verdadero problema del país que es Cataluña ha soliviantado a los españoles con su actitud contemplativa, con el resultado que las urnas en Andalucía han desvelado. Su última frase lapidaria es la que anuncia una intervención de la Junta de Andalucía si el nuevo Gobierno autonómico hace algo que no puede hacer bajo ningún concepto: recortar los derechos de las mujeres. Entretanto, la necesaria intervención del Gobierno catalán sigue en la sala de espera.
