No tenemos aún Gobierno y ya tenemos un problema de máxima urgencia y de enjundia: déficit público y corrección del mismo. Como ustedes conocerán por los medios informativos, España se ha desviado en 6.000 millones de euros de la cifra permitida por la Unión Europea.
La Comisión nos ha pedido ya un programa serio de acciones a tomar para encauzar las cuentas públicas. Conviene reseñar que las medidas correctivas deberán ser serias y creíbles para nuestros evaluadores, así nos podemos salvar de una sonora multa. Esa seriedad pasa por dejar de apelar a que tendremos inflación, más actividad, más recaudación o medidas que en nada solucionan el problema como aplicar un mínimo en las retenciones a cuenta del Impuesto de Sociedades. En mi opinión, la solución pasa por definir el sistema fiscal y presupuestario en España. Sí, lo sé, es una tarea difícil más con un partido en mayoría simple y no demasiada abultada; puede ser precisamente una oportunidad si existe un acuerdo entre los grupos parlamentarios o al menos una mayoría sólida y fuerte con visos de dar continuidad a esos acuerdos. Quizá eso pueda ser lo mejor de la situación presente, la debilidad puede llevar a los partidos a ese consenso.
Desde que la crisis llegó a nuestro país las costuras de las cuentas públicas saltaron por los aires. Nuestra economía tiene una estructura que no permite una sostenibilidad más o menos consistente de las cuentas públicas tal y como la tenemos diseñada. El estallido inmobiliario que arrastró al sector financiero puso de manifiesto que España tiene un sector productivo de bajo o medio valor añadido, donde nuestra mano de obra se centra en sectores tremendamente cíclicos y además dependemos de muchos factores externos. Añádase a la fuerte estacionalidad que España es un país con una volumen de economía sumergida mucho mayor que el resto de nuestros vecinos. Por cierto, actuaciones como la amnistía fiscal, de la anterior legislación, no ayudan a resolver el problema de la elusión tributaria, incluso la fomenta. No es posible que nos siga pareciendo normal la frase de: con IVA o sin IVA; eso es pasado y por tanto debe desaparecer.
Nuestros responsables políticos deben definir un marco de financiación central, autonómica y local. Deben estudiar profundamente la figura de las diputaciones provinciales y su existencia, además de solucionar los problemas de duplicidad y eficiencia de los recursos públicos. En este sentido la figura de la AIRef, impuesta su creación a raíz de la ayuda para la reestructuración bancaria, se vuelve básica y debería tener un mayor recorrido y protagonismo. Fue la AIRef la que de forma machacona y constante nos estuvo avisando que las CC.AA. no estaban cumpliendo en materia fiscal, que sus desviaciones en gasto ponían en duda la consecución del déficit. Sin embargo desde Hacienda se hizo oídos sordos. La AIRef es una figura clave de control en esta materia y por tanto debe ser reforzada y aupada. En estos momentos no tienen nada más que entrar en su página web y se encontrarán cómo nos siguen diciendo que comunidades como la aragonesa, murciana o levantina tienen una muy alta probabilidad de incumplir el déficit. Eso sí, están financiadas por las líneas de liquidez y financiación estatales puestas a su disposición. ¿Tampoco esta vez se va a hacer nada?
Pero si importante es definir el gasto o modelo de financiación autonómica, -recordemos que la mayor parte de los gastos, los más sociales a excepción de las pensiones, están transferidos a las comunidades-, también lo es definir el modelo tributario. Las personas físicas y jurídicas hemos sufrido la creación y el aumento de innumerables impuestos, provocado por la insostenibilidad de la recaudación. De una forma rocambolesca se llevó a cabo una rebaja del IRPF, curiosamente cuando las elecciones estaban muy próximas. El esquilme público de la clase media en España ha sido intenso y cuantioso. Si Zapatero derrochó dinero, luego, con el PP, Hacienda nos metió la mano en el bolsillo bien metida. Al igual que debemos definir financiación y nivel de gasto a mantener, tan necesario es definir un modelo de fiscalidad más equitativo y eficiente. No es de recibo que enormes empresas de este país, de las llamadas ?del Ibex?, tengan una tasa efectiva del 6 por ciento. La reforma fiscal del Impuesto de Sociedades es hoy por hoy un desastre, con una caída muy cuantiosa de la recaudación, donde lo más curioso es que España crece por encima del 3 por ciento y encima las bases imponibles del mencionado impuesto han crecido casi cuatro veces más, cercano al 11 por ciento. Además es su falta de equidad y distribución la que debe llevar a su replanteamiento. Es curioso ver cómo la recaudación sobre pymes y micropymes ha aumentado su tarifa fiscal al 11 por ciento, lógico si tenemos en cuenta que es la misma cantidad que aumenta la base imponible; sin embargo entre las empresas del Ibex, la recaudación cayó más de un 50 por ciento. Podría algún responsable de hacienda, incluido el Sr. Montoro, dar una explicación sobre esta cuestión; podría algún partido interpelar sobre esta situación.
Debemos consensuar un modelo presupuestario y fiscal sostenible, donde cómo no se incluya el modelo de pensiones. No crean que Bruselas no va a examinar con lupa esa bomba de relojería que estallará en diciembre de 2017 o en junio de 2018.
