
Isolux Corsán ha acordado este viernes acogerse al preconcurso de acreedores para contar con un margen de cuatro meses más para negociar con los bancos una inyección de capital de unos 400 millones que garantice la viabilidad de la compañía y, en último término, evite su concurso.
La compañía de construcción e ingeniería toma esta decisión después de que no haya podido fructificar la negociación que mantiene desde finales de 2016 con sus tres principales bancos acreedores y accionistas, Santander, Bankia y CaixaBank. Según ha podido saber elEconomista, estos dos últimos ayudarían a la empresa en los próximos cuatro meses.
Por ello, el consejo de Isolux ha acordado este viernes "por unanimidad" acogerse al artículo 5 bis de la Ley Concursal, el que da a una empresa un margen de cuatro meses para ultimar un acuerdo que garantice su viabilidad bajo el paraguas de la ley, esto es, sin que un acreedor pueda instar su concurso.
Aplaza de nuevo las cuentas
Asimismo, el máximo órgano de gestión de la compañía ha convenido en volver a aplazar la formulación de sus cuentas de 2016, dada la "importancia" que la negociación sobre la inyección de capital tiene sobre los resultados.
La compañía que preside Nemesio Fernández-Cuesta necesita una aportación de entre 300 y 400 millones de euros para garantizar la liquidez y el funcionamiento de la empresa y, por ende, su viabilidad.
Isolux negocia con la banca este nuevo rescate sin que se haya cumplido un año del primero, el pactado en julio de 2016, con el que reestructuró la deuda de 2.200 millones que soportaba la compañía. En virtud de este rescate, una veintena de bancos, liderados por Santander, Bankia y CaixaBank, se convirtieron en socios de control del grupo, al convertir el grueso del pasivo en acciones
Santander no quiere aportar más dinero
La reunión de anoche con la banca ya había dejado claro que el Banco Santander no quería aportar más dinero a la compañía, lo que abría la puerta a la presentación de una petición de preconcurso por parte de la compañía. Santander mantuvo su negativa a participar en una nueva inyección de fondos en Isolux Corsán junto con CaixaBank y Bankia por un importe próximo a los 300 millones.
La entidad que preside Ana Botín, de hecho, vendió hace algunas semanas el grueso de su deuda (los tramos B y C) y sus acciones (el 9,5% del capital) a precios de derribo a Goldman Sachs. No obstante, mantiene una elevada exposición a través del tramo A (73 millones) y de cerca de 200 millones en avales.
La entidad no está dispuesta a entregar dinero para tesorería y gastos corporativos (como el pago de las nóminas y a proveedores), aunque sí para lanzar algunos proyectos puntuales que puedan generar valor y recuperar así los avales. Esta posición la mantienen otras entidades menos expuestas, como Popular, Société Générale, Natixis, Sabadell o Deutsche Bank.
Avales y préstamos del Estado
El problema de la compañía afecta al Estado que tiene una exposición repartida entre Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El primero suma avales para diversos proyectos de Isolux a cuenta del Estado por 130 millones. De esta cantidad, ha tenido que asumir 37 millones. Mientras, el ICO acumula préstamos con la constructora por 36,6 millones y, al mismo tiempo, cuenta con una participación en su capital tras la conversión de una parte de su deuda (32,3 millones).
Estos pasivos preocupan en el Gobierno, como también el hecho de que una empresa histórica como Isolux, que cuenta con 5.000 empleados en todo el mundo (alrededor de 1.000 en España) pueda acabar en liquidación.
La constructora contrató a Rotschild y Alantra, a petición de la banca acreedora, para buscar inversores para la empresa entre los que ya ha sonado con fuerza la china HNA. Entretanto, Isolux ha seguido reorganizando la compañía y avanzando, aunque lentamente, en los procesos de venta de activos que tenía previstos.