La batalla legal que mantienen Gas Natural Fenosa y Colombia por la liquidación de Electricaribe -filial de la española en el país para el suministro de electricidad a 2,5 millones de clientes-, ordenada por la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia cuatro meses después de su intervención, ha resucitado el fantasma de las expropiaciones sufridas por algunas de las empresas energéticas españolas más relevantes en América Latina en la última década. | Más noticias en el suplemento gratuito elEconomista Energía.
El Gobierno de Santos justificaba la intervención de Electricaribe por "los continuos fallos en el servicio y por la falta de inversiones de la española", argumentos con los que no comulga GNF, que lleva mucho tiempo quejándose de la falta de seguridad jurídica de su filial, aquejada por una elevada morosidad y fraude en la zona donde opera, hechos que le impedían seguir invirtiendo. La compañía presidida por Isidro Fainé -que ha intentado hasta el último momento llegar a un acuerdo para evitar esta situación-, ha presentado una denuncia contra Colombia ante el Tribunal de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) al objeto de reclamar la devolución de su filial -de la que posee el 85%- o, en su defecto, una indemnización de 1.000 millones de dólares (unos 926 millones de euros), el doble del valor contable de Electricaribe, que asciende a 475 millones de euros. A la espera de los acontecimientos, la gasista Promigas ha reconocido su interés por la filial y se ha mostrado dispuesta a hacer una oferta para quedarse con su gestión, "condicionada a los números de la compañía y a las señales regulatorias".
Aunque el caso de Electricaribe, según defiende el Gobierno colombiano, "no es un proceso de expropiación, sino de insolvencia, ya que la firma no está en condiciones de prestar un servicio de energía con la calidad y la continuidad debidas", pone de manifiesto los graves problemas que otras españolas como Repsol, Iberdrola y Red Eléctrica también han tenido en esta zona, poniendo en riesgo no solo las buenas relaciones entre países, sino también la inversión extranjera.
2012, año récord
El año 2012 ha pasado a la historia como uno de los más nefastos para las empresas energéticas españolas. La crisis de Electricaribe ha coincidido, prácticamente en el tiempo, con el quinto aniversario de la expropiación a Repsol del 51% de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) por parte del Gobierno argentino presidido, por aquel entonces, por Cristina Fernández de Kirchner.
La compañía que preside Antonio Brufau respondió presentando una demanda contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo que depende del Banco Mundial.
En noviembre de 2013 se alcanzó un principio de acuerdo sobre la indemnización que recibiría la española por la expropiación que, finalmente, se materializó en febrero de 2014 mediante la firma del Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación entre el Gobierno argentino y Repsol, donde se estableció una compensación de 5.000 millones de dólares (4.646 millones de euros) en deuda y efectivo a la petrolera española, quien se comprometió a retirar todos los litigios y a renunciar a futuras reclamaciones.
El caso de Repsol en Argentina no fue el único que se produjo en 2012. La inversión española en Latinoamérica sufrió dos importantes varapalos más, esta vez en Bolivia. Solo dos semanas después de la expropiación de YPF, el presidente del país, Evo Morales, ordenó por decreto la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica de España (REE), que operaba en el país desde 1997. Aunque la indemnización inicial se cifró en 29 millones de euros, finalmente el grupo español recibió una compensación pactada de 52 millones de euros en noviembre de 2014, evitando así el inicio de un arbitraje internacional.
El segundo de los conflictos tuvo lugar en el mes de diciembre, cuando el presidente Morales expropió a Iberdrola cuatro filiales valoradas en cerca de 90 millones de euros: las distribuidoras de electricidad Electropaz -de la que poseía el 89,5% de las acciones- y Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo) -propietaria del 92,8% del capital-, la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones.
En julio de 2014, la española presentó una notificación ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en contra de Bolivia para exigir una indemnización. Justo un año después, en noviembre de 2015, Iberdrola consiguió una compensación de 32 millones de euros. Con este acuerdo, Bolivia cerraba todas las demandas arbitrales que tenía por las nacionalizaciones realizadas en el sector eléctrico.
A la situación vivida por Red Eléctrica e Iberdrola en este país, se une la nacionalización del sector de hidrocarburos en Bolivia en el año 2006, que afectó de lleno a Repsol. Ese año, Evo Morales, que acababa de llegar al poder, otorgó a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos más de la mitad de la propiedad de las explotaciones de hidrocarburos del país, afectando a cuatro empresas mixtas de la antigua hispano-argentina Repsol-YPF.
