La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia, ordenó hoy la liquidación de la distribuidora y comercializadora Electricaribe, controlada Gas Natural Fenosa (GNF), intervenida por el Gobierno el pasado 15 de noviembre. Ahora la empresa española podría demandar al Gobierno colombiano en una corte internacional de arbitraje.
"Las conclusiones de los estudios de la Superintendencia permiten afirmar que la compañía no está en condiciones de prestar un servicio de energía con la calidad y la continuidad debidas, y de ahí que sea necesario ordenar la liquidación de Electricaribe", aseguró el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, José Miguel Mendoza.
De acuerdo con la información técnica de las autoridades colombianas, la infraestructura eléctrica de Electricaribe precisa una inversión superior a los 700 millones de euros hasta el año 2024 para que el suministro eléctrico esté dentro de los parámetros exigidos por la normativa.
Ese monto de inversión supera con mucho el flujo de caja operativo de la compañía, es decir, no obtendrá los ingresos suficientes para cometerla. Sólo a partir de 2022 conseguiría beneficios, y eso sin tener en cuenta el pago de las obligaciones financieras anteriores a la intervención, que aún están pendientes de devolver.
La filial de GNF, en el aire
Así las cosas, el superintendente aseguró que la filial se venderá a un nuevo operador capaz de asumir las nuevas inversiones y que Gas Natural Fenosa solo obtendrá ingresos con la operación una vez se hayan completado los pagos a los distintos acreedores conforme al orden de prelación establecido por ley. "Si tras pagar a la masa acreedora quedaran recursos adicionales, se entregaría a los accionistas actuales, a Gas Natural Fenosa", afirmó el presidente del organismo, antes de destacar que la operación "no costará un solo peso a los colombianos".
Mendoza también aseguró que el proceso de liquidación comenzará "inmediatamente", será "absolutamente público" y tendrá una duración cercana a un año. El objetivo será "encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en la costa caribeña" y que asuma las inversiones necesarias para acabar con el "avanzado deterioro" de las redes en la zona.
Para acometer el proceso, las autoridades colombianas habilitarán un "cuarto de datos" y un proceso de due diligence, de cara a la celebración de una subasta "pública y competitiva" para escoger al nuevo operador. Mientras tanto, Electricaribe seguirá siendo administrada por un agente especial de la Superintendencia. Las autoridades intentarán vender la filial "al mayor precio, para beneficio de los usuarios y de los acreedores internos y externos" de la empresa, aseguró Mendoza, quien negó "intereses políticos u ocultos" en el proceso, que responde a motivaciones "absolutamente técnicas".
Tal y como informó elEconomista, el presidente de GNF, Isidro Fainé, había viajado a Bogotá en un último intento de llegar a un acuerdo con las autoridades colombianas antes de que venciese el plazo de la intervención temporal. Finalmente la liquidación ha sido el punto y final a casi cuatro meses de negociaciones.
Cronología del desencuentro
La situación de GNF, que tiene el 85% de Electricaribe desde 2009 (el otro 15% es del Gobierno colombiano), ha sido extremadamente tensa al otro lado del Atlántico: el país le acusó de no invertir lo convenido en el mantenimiento de las infraestructuras, lo que causaba mala calidad de suministro y apagones, y la compañía se defendió, argumentando que sufría un desmesurado nivel de impagos -acumulaba más de 1.259 millones de euros- que le impedía ejecutar dichas inversiones; a continuación, la Administración colombiana lo negó, esgrimiendo informes que sostenían que los impagos no eran relevantes.
Sea como fuere, en respuesta a las amenazas de intervención, GNF activó en julio un período especial de seis meses para negociar un arreglo amistoso, al amparo del acuerdo de protección de inversiones entre España y Colombia. Durante ese plazo de seis meses, las autoridades no pudieron materializar la amenaza de intervención.
En los dos últimos meses, GNF se ha visto obligada a aportar más de 15 millones de euros al operador del sistema eléctrico, XM, para evitar que éste ordenase el racionamiento de energía durante varias horas al día a los 2,5 millones de clientes de la empresa.
