El 'impuestazo' deja en el aire 3.000 millones de inversión de Cepsa en Andalucía y el 20% del Plan Nacional en hidrógeno verde

Cepsa valora frenar sus inversiones en hidrógeno verde en España si el Gobierno aprueba definitivamente el nuevo impuesto permanente a las energéticas. La compañía indica que "provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendría que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países que, inicialmente, tenía planificados en una expansión internacional para una segunda fase del plan estratégico 'Positive Motion'". Este anuncio, confirmado a El Economista por fuentes de la empresa en Andalucía, deja en el aire el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, en el que hay previstas inversiones de 3.000 millones de euros, algunas de ellas ya en marcha, y la creación de 10.000 empleos. El impacto sería relevante a nivel nacional, pues los planes sobre hidrógeno verde de Cepsa en Andalucía representan más del 20% de todo el objetivo establecido por España en el Plan Nacional de Energía y Clima, según indican desde la Junta de Andalucía.

En la presentación del Valle Andaluz del Hidrógeno el 1 diciembre de 2022, el presidente Pedro Sánchez mostró su apoyo al proyecto y afirmó que era una muestra del "atractivo inversor" de España. Es uno de los proyectos más relevantes de Cepsa, de la que son accionistas mayoritarios Mudabala, fondo soberano de Abu Dabi, y el fondo de inversión estadounidense Carlyle. En torno a las instalaciones en Palos (Huelva) y también en Algeciras (Cádiz) está previsto uno de los mayores centros de producción de hidrógeno verde de Europa para descarbonizar la industria, la aviación y el transporte marítimo y terrestre pesado, y convertir a España en un país exportador de energía sostenible.

Impuesto permanente

La pasada semana, el Gobierno anunció que incluía entre los compromisos remitidos a Bruselas el mantenimiento de "manera permanente" de los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca. Lo hace después de ingresar 2.400 millones en los dos años (2023 y 2024) para los que estaba inicialmente previsto para compensar los perjuicios de la guerra en Ucrania. Cepsa ha sido uno de los principales damnificados. En 2023, cerró en unas pérdidas de 233 millones tras pagar más de 320 millones de euros por el nuevo tributo.

Hace apenas un mes, el CEO de Cepsa, Maarten Wetselaar, ya advirtió que "España debe generar certidumbre para continuar invirtiendo en el país", refiriéndose a la apuesta de la compañía por producir en Andalucía combustible sostenible para la aviación (SAF), para lo que Cepsa ha iniciado ya la construcción de una planta en Huelva que va a requerir hidrógeno verde. "Para escalarlo, para dar a mis inversores la confianza de que no solo estas plantas, si no la segunda, la tercera y la cuarta, van a ser rentables; hay que hacer un balance de desafíos y ventajas y ahora tenemos que hacer que España tenga ventaja. Porque si no lo hacemos en los próximos 18 meses, creo que esta industria se quedará en otro lugar", llegó a avisar Wetselaar.

La compañía insiste hoy en que su proceso de descarbonización "es irreversible para lograr que más de la mitad de su beneficio provenga de actividades sostenibles en 2030". Lo que está en juego es la localización de los proyectos industriales que lo harán posible. Algo en lo que Andalucía ya había tomado posiciones preferentes que ahora se tambalean.

Cepsa tiene ya identificadas localizaciones en Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos que, según fuentes de la compañía, estaban previstas para una fase posterior de su estrategia, pero que pueden acelerarse si finalmente quedan liberados recursos en España por culpa del 'impuestazo'.

Indignación en Andalucía

El presidente andaluz Juanma Moreno ya manifestó ayer su rotundo rechazo al impuestazo a las energéticas y anunció su firme decisión de oponerse a él con todos los medios legales e institucionales a su alcance.

"Ojo con esto", advirtió Moreno al recordar España y Andalucía tienen una gran oportunidad de reindustralizarse y de producir energía propia con las renovables, con las fotovoltaicas, de forma que "poner a España por debajo de competidoras como Portugal" supone un "gravísimo error estratégico para el presente y el futuro".

La consejera de Economía y Hacienda, y portavoz del ejecutivo andaluz, Carolina España, ha insistido hoy en esta línea: "De nuevo el Gobierno de España, en vez de trabajar para que llegue inversión, lo único que hace es generar incertidumbre y ahuyentar a las empresas. Andalucía no se va a quedar de brazos cruzados. Vamos a usar todos los instrumentos legales e institucionales para evitar que se permita bonificar el gravamen a unas comunidades y no a otras".

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, Jorge Paradela, ha apuntado además que el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde y la inversión de Cepsa es fundamental para el Plan Nacional de Energía y Clima del propio Gobierno de España. "Hasta ahora pensábamos que estaba dispuesto a sacarlo adelante, pero su empeño por mantener el impuestazo pone en riesgo más del 20% de lo que España se plantea como objetivo en este ámbito".

Paradela insiste en la incoherencia entre los planes nacionales de descarbonización y este tipo de decisiones tomadas "por voracidad fiscal" que desbaratan "sus propias medidas contra el cambio climático".

Efecto dominó

Se teme además que haya un efecto dominó. Andalucía tramita 23 proyectos relacionados con el hidrógeno verde, asociados a inversiones de 5.300 millones de euros. Proyectos de relevancia estratégica, al margen de su volumen, por abrir la oportunidad de reindustrializar la comunidad y colocarla en cabeza a nivel europeo en esta energía.

Anteriormente Repsol, empresa también con fuertes intereses en Andalucía, había anunciado que congelaba sus inversiones en España, aunque refiriéndose expresamente a proyectos en Bilbao, Cartagena y Tarragona. La compañía dirigida por Josu Jon Imaz anunció esta misma semana su decisión de invertir 15 millones de euros en un nuevo proyecto de hidrógeno renovable en su Complejo Industrial de Sines, en Portugal.

La medida planteada como permanente por el Gobierno ha recibido ya el rechazo frontal del sector y de las organizaciones empresariales españolas, que alertan del riesgo para inversiones de 16.000 millones de euros para la descarbonización de la economía española.