Aunque prometió terminar con las tasas temporales a la banca y las energéticas al término de 2024, el Gobierno sigue trabajando para obtener los apoyos necesarios en el Congreso y convertir en permanentes los conocidos como impuestazos.
De hecho, el Ejecutivo confía en superar las discrepancias con Junts y el PNV y lograr que ambas formaciones acepten la prórroga de estos tributos. Ante este riesgo, las patronales de ambos sectores han reaccionado con firmeza y muestran un rotundo rechazo a la permanencia de las tasas. Algo lógico habida cuenta de que la vigencia de los impuestazos carece de justificación.
En el caso de la banca porque las bajadas de tipos reducen las ganancias extraordinarias que el Ejecutivo utilizó de argumento para implantar la tasa en 2022. Lo mismo ocurre con las energéticas y más en concreto con las petroleras, las grandes afectadas. La caída del precio de los carburantes limita los márgenes del refino. Queda así patente que ambos sectores no salen beneficiados del contexto actual. Pese a ello, el Ejecutivo insiste en extender unos injustos tributos que generaron 2.908 millones en 2023. Una recaudación extra a la que el Ejecutivo no quiere renunciar pese a que esto tendrá un alto coste para la economía.
Así lo estiman las patronales bancarias AEB y CECA, que fijan en 50.000 millones la merma que en la capacidad de financiación de las entidades tendrá la permanencia del tributo. Asimismo, la asociación que engloba a las grandes petroleras, la AOP, estima que el impuestazo amenaza 16.000 millones en inversiones industriales de sus refinerías españolas. Urge evitar el enorme impacto negativo que la prolongación sine die de estos tributos generarán a la industria, la actividad y a la economía en su conjunto.