El Gobierno ha aprobado hoy el 7º Plan de residuos nucleares. En dicho documento -que no vió la luz la pasada legislatura por falta de tiempo- se prevén unos costes de 20.220 millones de euros que, de acuerdo con el principio de 'quien contamina, paga', se sufragarán con el Fondo para la financiación de las actividades gestionado por Enresa y dotado con las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares.
El Gobierno ha acordado dejar sin efecto la designación de Villar de Cañas (Cuenca) para albergar un Almacén Temporal Centralizado y pasa a proponer una opción más cara como la puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares, para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo. El ATD de cada central estará formado por su ATI más una nueva instalación complementaria o medidas adicionales, que permitan realizar las operaciones de mantenimiento de los contenedores en los que se almacena el combustible gastado cuando la central deje de estar operativa.
El plan prevé el cese de la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035. Según el 6º PGRR la parada definitiva de las centrales que están en operación se hubiera producido, a los 40 años de vida útil, entre 2021 y 2028.
El inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I (parada desde 1989 por un accidente grave), cuya última fase se ejecutará a partir de 2030.
La continuidad de la operación del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba) para residuos de media, baja y muy baja actividad, hasta completar el desmantelamiento de las centrales.
Este 7º PGRR ha superado una larga tramitación, iniciada en marzo de 2020 con la difusión del borrador del Plan. Es el primer PGRR sometido a evaluación ambiental estratégica –que también incluye una fase de consultas e información pública– y al informe del Consejo de Seguridad Nuclear y de las comunidades autónomas, al objeto de garantizar una amplia participación, consenso y respaldo social. El 7º PGRR sustituye al 6º PGRR vigente hasta hoy, que se aprobó en 2006 y debería haberse actualizado antes del 2015, de acuerdo con el calendario establecido por la Directiva 2011/70/Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.
El 7º PGRR está en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que fija la hoja de ruta para que España cumpla los objetivos europeos de clima y energía, y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares, firmado en marzo de 2019 entre Enresa y sus propietarios.
