La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha rechazado el recurso de Iberdrola en el que reclamaba un recálculo de la liquidación correspondiente al mes de febrero por la excepción ibérica.
El organismo regulador ha optado por darle la razón al gestor técnico del sistema eléctrico REE que se ha limitado a aplicar el precio de referencia del mecanismo de ajuste -50 euros/MWh- sin tener en cuenta que en febrero de 2023 hubo 11 días en los que no se aplicó el indicado mecanismo y que, por tanto, esos días debería haberse tenido en cuenta el PVB (punto virtual de balance).
Según Iberdrola, de haber aplicado el artículo 7 en sus justos términos, el precio medio del gas natural sería inferior al precio de referencia.
La CNMC decidió consultar con MIBGAS. En la respuesta a la consulta, la bolsa del gas señala que el límite previsto es de aplicación.
En tanto que el precio medio del gas natural en un mes concreto es la media de los precios al contado del gas natural en el punto virtual de balance (PVB) es dicha media y no los sumandos individuales, como sostiene Iberdrola, los que deben compararse con el PRGN.
Red Eléctrica, en sus alegaciones, asegura que el conflicto se produce realmente entre las interpretaciones de la norma entre Iberdrola y Mibgas, y señala que el papel de REE se limita a proceder a la liquidación.
Para la CNMC, parece clara la voluntad del legislador de establecer una regla de cuantificación de naturaleza transitoria para ser aplicada sólo en el mes en el que diera inicio la aplicación efectiva del ya vigente mecanismo de ajuste una vez aprobado por la Comisión Europea (o para el caso de que finalizara o se suspendiera). Al haber redactado y aprobado el RD-l 10/2022 cuando se desconocía la fecha exacta en que dicho mecanismo iba a aplicarse de forma efectiva, el legislador estableció una regla de cuantificación ad hoc para modular el impacto de los precios en el cálculo de la minoración
Bruselas estudia ahora el futuro de las medidas de intervención del mercado. La Comisión Europea ha planteado tres meses más de prolongación de las ayudas. España analiza qué medidas prorrogar.