Valladolid
La Junta de Castilla y León ha decidido poner coto a la "invasión" de huertos solares y eólicos en tierras de cultivo y ha prohibido su instalación en zonas donde se hayan creado o modernizado de regadíos ante la "creciente tensión social" generada en el campo.
Los ambiciosos objetivos climáticos que se ha marcado España ha reactivado el interés por la puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas y eólicas en nuestro país, lo que ha provocado la oposición de las organizaciones agrarias, que piden una regulación para no perder tierras de cultivo.
Castilla y León, una de las comunidades más afectadas, ha decidido atender esas demandas y ha optado por intentar frenar la "invasión" de los denominados "macrohuertos" solares y eólicos.
El pasado jueves, el Consejo de Gobierno introdujo medidas restrictivas en la autorización de los parques eólicos y fotovoltaicos que son de su competencia, los de menos de 50 megawatios.
Ha sido a través del decreto ley 2/2022 de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de los fondos europeos y el impulso a la actividad económica, que introduce modificaciones del decreto legislativo de 2015 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental. En ellas, introduce la "incompatibilidad por motivos agronómicos" a la hora de autorizar este tipo de instalaciones, criterio que se suma así a los ya existentes en materia ambiental, patrimonial y urbanística. Iberdrola deberá desmontar la planta fotovoltaica más grande de Europa
El Gobierno regional considera que sin esta regulación la "flexibilidad" aportada por la legislación estatal los proyectos renovables "se verían libres de respetar amplísimas zonas de nuestro territorio, lo que está provocando crecientes tensiones sociales".
Así el artículo 13 del decreto establecen que "las instalaciones de generación de energías renovables que consisten en parques fotovoltaicos y eólicos "no serán autorizados en suelo rústico en aquellos casos en los que han desarrollado zonas regables", bien mediante la transformación de secano a regadío o mediante su modernización.
La creación y modernización de regadíos son actuaciones promovidas y financiadas por las administraciones. Solo en modernización, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) ha realizado desde el año 200 un total de 62 actuaciones en Castilla y León, lo que ha supuesto una inversión superior a los 518 millones de euros sobre 101.908 hectáreas.
El 'Programa de Impulso de Infraestructuras Agrarias de Interés General. Regadío' puesto en marcha por la Junta de Castilla y León preveía la modernización de 30.000 hectáreas, 5.600 de ellas de transformación y 25.000 de modernización.
El pasado mes de abril, las organizaciones Asaja, COAG y UPA registraron en los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica, así como en las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta, un documento en el que reclaman la "defensa de los terrenos productivos de la región para uso agrario" y solicitaban una normativa "específica" que recoja la opción de la implantación de placas fotovoltaicas, incluidas las infraestructuras de evacuación de la energía solar o eólica, exclusivamente en terrenos no aprovechables para la producción agraria.
No en terrenos productivos
"No es razonable que habiendo tanta superficie en nuestra comunidad autónoma las administraciones y los empresarios privados se fijen, por ejemplo, en zonas tradicionales de cultivo, en terrenos de transformación en regadíos, en pujantes tierras productivas o en terrenos muy útiles desde el punto de vista agronómico", agregaban.
