Castilla y León

El TSJ de Castilla y León rechaza la expulsión de 70 agricultores de unos terrenos comunales para montar una planta fotovoltaica

  • El Ayuntamiento de Paredes de Nava cambió el uso de 460 hectáreas que se dedicaban a la agricultura desde tiempo inmemorial
  • La sentencia afirma que los derechos de los agricultores no pueden ser atropellados por el mayor rendimiento económico
El fallo sostiene que hay que armoniza la actividad agícola con la expansión de las renovables
Valladolid

La lucha de los agricultores contra la proliferación de huertos solares comienza a tener reflejo en los tribunales. El TSJ de Castilla y León ha rechazado que un ayuntamiento expulse a 70 agricultores que labraban unos montes comunales para una instalación fotovoltaica.

El Alto Tribunal ha anulado la Orden de la Consejería de la Presidencia de fecha 11 de febrero de 2021 que desestimaba las alegaciones realizadas por la Asociación de Agricultores y Ganaderos de la localidad palentina contra el acuerdo del Ayuntamiento por el que se aprobó el acotamiento de bienes comunales antes utilizados para uso agrario para la instalación de un macroparque fotovoltaico.

Los agricultores y ganaderos se oponían al desahucio que suponía en la práctica la ordenanza municipal por la que se cambiaba el uso de agrícola e industrial de 460 de las 940 hectáreas de la finca comunal El Páramo.

En sus alegaciones, los demandantes sostenían que el acotamiento había sido autorizado con anterioridad a la finalización de los derechos adjudicados a los agricultores (71 vecinos) por el Ayuntamiento de Paredes de Nava, que había de tener lugar el 30 de septiembre de 2021.

Además, aseguraban que el uso de las fincas acotadas es agrícola desde tiempo inmemorial y lo que se pretende es la patrimonialización del bien, con el fin de acabar con el uso que se ha venido haciendo cuando el art.106 del RD 1372/1986 va dirigido a acotar bienes que no estuviesen siendo explotados en el momento del acotamiento.

Por último, la Asociación de Agricultores y Ganaderos defendía que "el acotamiento debe ser proporcionado y sin menoscabar el bien comunal y, en este caso, se considera que el acotamiento del 48,5% del bien comunal sí causa perjuicio a la explotación agraria que se viene realizando desde tiempo inmemorial. El aprovechamiento del Monte que se pretende acotar se rige por una ordenanza municipal, la cual solamente permite el aprovechamiento agrícola".

Por su parte, el Ayuntamiento alegaba que pretendía favorecer a todos los vecinos que tienen derecho a ser beneficiarios del aprovechamiento comunal, tanto los actuales adjudicatarios, como los vecinos que no lo son. "Lo que pretende la recurrente es mantener la situación actual, y, por tanto, que sólo sean beneficiarios de los aprovechamientos 71 vecinos, actualmente adjudicatarios, frente al resto, esto es, los 1.608 vecinos de Paredes de Nava mayores de edad, que, por derecho propio, pueden obtener beneficios de los bienes comunales", argumento que la Sala rechaza de plano.

En su resolución, el tribunal asegura que «en el trasfondo de la controversia planteada se encuentra el cuestionamiento del modelo de vida de los pueblos que han vivido de la agricultura disfrutando de estos bienes comunales, que afecta a su subsistencia y permanencia en el territorio, frente a los que pueden considerar el régimen de los bienes comunales un fenómeno de arqueología socio jurídica y que se puede obtener mayores ingresos económicos a través de su adjudicación por precio para la instalación de proyectos energéticos. La realidad social y la necesidad de implantación de las energías renovables, que invoca el Ayuntamiento codemandado para justificar la decisión de acotar parte de los bienes comunales, no puede prevalecer sobre la normativa y usos existentes, que efectivamente pueden cambiar pero que no habían cambiado cuando se aprueba el acotamiento. Es al legislador al que corresponde definir el modelo territorial y buscar la armonización entre los intereses de los que explotan agrícolamente las tierras y viven de ello y los proyectos de energías renovables, sin que los derechos de aquellos resulten atropellados por el mayor rendimiento económico de estos».

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Supremo, crearía en caso de confirmarse un gran precedente en la Comunidad, ya que evitaría que a través de acotamientos con fines industriales se impida el aprovechamiento por el común de los vecinos y se prioricen los intereses económicos de terceros frente al interés vecinal, según el despacho de abogados Calixto Escariz, que ha representado a los agricultores.

comentarios0WhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinlinkedin
Deja tu comentario
elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarios y los mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.