Este martes, el Gobierno ha aprobado un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado (AGE), así como para entidades del sector público estatal.
Su objetivo persigue reducir el impacto energético tanto de los desplazamientos al lugar de trabajo como del consumo energético de los propios centros de trabajo, con la condición de garantizar "la prestación y calidad del servicio público". Así, se impulsará el teletrabajo (con tres días a la semana, de forma general), la movilidad sostenible y la eficiencia energética. Para ello, cada Ministerio o entidad estatal deberá aprobar un plan con una declaración de puestos susceptibles para ello.
La implantación de este sistema será de carácter voluntario y y el porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales siempre deberá ser superior al 40 % en el conjunto de la jornada semanal. Según han explicado desde el Gobierno, la medida se aplicará independientemente del decreto que regulará de manera específica el teletrabajo, "cuya elaboración se está ultimando y que el Gobierno espera aprobar en breve".
Movilidad sostenible y eficiencia energética
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha explicado que el plan contempla un paquete de iniciativas para un uso más racional de los edificios públicos, como establecer horarios de apagados y encendidos, nuevos niveles de iluminación, controles de temperatura más exigentes o identificar lugares donde se van a instalar placas fotovoltaicas para autoconsumo.
Entre las iniciativas, también se va a incentivar el uso del transporte público entre los funcionarios, así como el uso de la bicicleta con más aparcamientos específicos.
El plan incluye que haya cláusulas en los expedientes de contratación administrativa que establezcan como criterio de valoración la aplicación de medidas que impliquen un ahorro energético. Asimismo, se desarrollarán programas de formación y sensibilidad sobre ahorro de energía y movilidad.
Este plan de medidas de ahorro energético es uno de los compromisos contemplados en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 29 de marzo.
