Energía

Los reguladores europeos lanzan una batería de medidas para afrontar la crisis del gas

  • Creen que las reservas de gas deberían fijarse en función de la demanda
  • Piden controlar el llenado de depósitos de gas y su precio
  • Recomiendan minimizar el uso de fondos públicos

La Agencia para la Cooperación de reguladores de la Energía (ACER) y el Consejo Europeo de Reguladores de la Energía han presentado hoy una batería de propuestas sobre la regulación del acceso a los almacenamientos de gas que está tramitando en estos momentos la Comisión Europea para hacer frente a un nivel históricamente alto de riesgo de suministro.

ACER y el CEER pretenden responder a la emergencia actual con normas sencillas y claves de asignación y, mirando a largo plazo, elaborar métodos para abordar mejor los derechos y deberes de los Estados miembros y los proveedores de gas.

Por este motivo, ambas instituciones aseguran que las medidas que se adopten para hacer frente a la crisis deben ser excepcionales, temporales y específicamente dirigidas a las circunstancias actuales.

La intervención debe ser proporcionada a los objetivos y debe evitar la distorsión del mercado cuando éste sea capaz de cumplir con los niveles adecuados de almacenamiento de gas.

Asimismo, ambas instituciones indican que los objetivos de llenado (80% para este año y 90% para los siguientes) deberían aplicar un razonamiento basado en la demanda y no en la capacidad, combinando los niveles europeo y nacional.

Los organismos instan también a aplicar medidas sencillas pero realistas a lo largo de este año, teniendo en cuenta las características y limitaciones específicas nacionales. Mientras que para el futuro (2023 y más adelante) creen que será necesario estimar mejor las necesidades de almacenamiento sobre la base de varios parámetros (tanques de GNL, diversidad de la oferta, estacionalidad de la demanda, capacidades de interconexión, dependencia de los suministros rusos).

Los reguladores instan además a que las medidas de mitigación de riesgos deben minimizar el uso de fondos públicos y recomiendan poner en marcha un control a escala de la UE de los niveles de llenado de los depósitos y de los precios pagados por ese llenado.

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