El Gobierno prepara un plan de medidas para hacer frente a la fuerte subida de los precios de la luz, pero sigue concretando los detalles con la previsión de que pueda estar lista antes de acabar marzo.
Tras haber celebrado una ronda de encuentros con las renovables, el pasado 11 de febrero, Unef, Appa, Protermosolar, Anpier y la Asociación Empresarial Eólica comunicaron a la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagsen, su disposición a aceptar un adelanto de la revisión del semiperiodo regulatorio del llamado Recore. Es decir, adelantar la revisión de los parámetros de 2023 a 2022, tal y como adelantó elEconomista el pasado 14 de febrero.
En la propuesta, a la que tuvo acceso este diario, se reclama la revisión extraordinaria de los parámetros retributivos ajustando únicamente los desvíos de precio de mercado de los ejercicios 2020 y 2021.
La petición indica que en la revisión se deben contemplar los valores reales de ambos ejercicios. Para el cálculo del precio del año 2021 el periodo debería considerar el 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021 y no el que comprende del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. Para futuras revisiones se deberían contemplar siempre los años naturales completos sin excluir el último trimestre.
Las patronales instan también al cálculo de los valores de ajuste por precio de mercado, aplicando los coeficientes reales de apuntamiento por instalación para futuras revisiones, de tal manera que al cierre de cada semiperiodo se aplique el dato real.
Las organizaciones pactaron también que debido a la alta volatilidad de los mercados a futuro y ante un potencial desajuste del valor de retribución de 2022 y siguientes, se mantendrá la estimación de precio de mercado de 48,82 euros/MWh para 2022 y siguientes. Este cambio de división del semiperiodo no tendría sentido si el ajuste se realiza con la senda de precios actuales que marcan los mercados a plazo.
Las asociaciones no han recibido una respuesta por parte del Gobierno sobre su visión
Asimismo, se considera que una vez realizada esta revisión excepcional, se llevará a cabo la asociada a la finalización del vigente semiperiodo regulatorio a finales de 2022, de acuerdo con lo previsto en la regulación.
Por el momento, las asociaciones no han recibido una respuesta por parte del Gobierno sobre su visión de esta medida, motivo por el que ayer se produjo un profundo malestar cuando se filtraron unos cambios sobre esta propuesta que no habían sido consensuados por las partes, ni ratificados con el Gobierno.
Las quejas del sector se centran en una propuesta que aseguran nace de Iberdrola para que se fijen un precio de 56 euros para las centrales de 2009 a 2016. Esta medida, según unos, no había sido previamente acordada con el resto de asociaciones renovables y según los otros se incluía en el acuerdo, lo que provocó la bronca sectorial ya que al menos en el documento al que tuvo acceso este diario dicha propuesta no estaba incluida.
Estaban las grandes eléctricas que apoyan la opción de fijar estos precios
La propuesta de incoporar un precio de 56 euros para las centrales de 2009 a 2016 fue analizada el miércoles en el seno de la Asociación Empresarial Eólica donde se produjo una votación en la que se visualizó la división de opiniones. Por un lado, estaban las grandes eléctricas que apoyan la opción de fijar estos precios y, por otro, mostraron su oposición Naturgy, Acciona y Eolia y se abstuvieron Siemens Gamesa y Vestas.
Otras asociaciones desconocían esta propuesta de cambios y consideran que por lo tanto no es la propuesta de consenso del sector que había solicitado el Gobierno.
