El Ministerio de Transición Ecológica ha decidido darse una semana más antes de aprobar el nuevo Real decreto-ley que prepara para ligar la energía del PVPC y la industria al coste de las renovables y poder rebajar el recibo de la luz durante 2022.
El pasado martes, tal y como adelantó elEconomista, el Gobierno informó a las asociaciones de renovables y cogeneración de su decisión de seguir adelante con esta medida para abaratar el recibo de forma extraordinaria el próximo año.
El Gobierno quiere utilizar la liquidez extraordinaria que han recibido las renovables para sacarlas del mercado mayorista y otorgarles un precio regulado que rondaría los 50-60 euros/MWh.
El Ministerio pedía, eso sí, que durante esta semana le fuesen haciendo los comentarios necesarios antes de aprobar la norma en el siguiente Consejo de Ministros y se comprometía a respetar las tasas de rentabilidad que tenía pactadas con la industria.
Las renovables se ven de nuevo como los que sufren la inseguridad jurídica
Lo que no esperaba Ribera, es que tanto desde el sector de las renovables como desde las pequeñas comercializadoras se manifestara una profunda oposición a esta medida.
Como ya adelantó este diario, las renovables se ven de nuevo como los que sufren la inseguridad jurídica y ven en este plan un ataque a su liquidez y un incremento de sus costes de financiación. Por ese motivo, han pedido al Gobierno que estudie la posibilidad de compensarles de algún modo.
Por contra, los planes de Ribera cuentan ya con el visto bueno de Endesa, Iberdrola y Naturgy, que serían las grandes ganadores si finalmente sale adelante la idea del Gobierno.
Las eléctricas tradicionales -gestores del llamado PVPC- podrían ofrecer a sus clientes unos precios muy atractivos y recuperar parte de la cuota de clientes que habían perdido durante el año en favor del mercado liberalizado.
La Asociación de Comercializadoras Independientes de Energía ha mostrado, tal y como adelanta elEconomista hoy, su oposición a esta medida.
En la misma línea, el Gobierno ha recibido muestras de preocupación por parte de los representantes de mercado de las renovables así como la preocupación de la banca.
Con todos estos factores, el departamento de Teresa Ribera ha decidido darse un plazo algo más largo para analizar la medida y, por el momento, en el sector se espera que la aprobación se retrase al menos una semana más.
