El Ministerio de Transición Ecológica acaba de hacer público un texto de aclaración al operador del sistema sobre el método que pretende utilizar para 'confiscar' 2.600 millones de euros a las grandes eléctricas. Con este texto, el Ejecutivo pretende enmendar parte del Real decreto-ley aprobado el martes de la semana pasada y que provocaba un caos para los contratos bilaterales de las renovables, los llamados PPA.
En el documento de aclaración, que tiene casi tantas páginas como el propio Real decreto-ley en su parte dispositiva, se fija el sistema que deberá utilizar el operador del sistema para realizar las liquidaciones pertinentes y se aclara que el impacto se trasladará a las nucleares y a las hidraúlicas y en menor medidas a las renovables.
Para poder evitar el hachazo del recorte, los generadores tendrán que presentar a través de sus representantes de mercado los detalles de la contratación a plazo, que la misma esté hecha con un precio fijo -es decir que no esté indexada y por lo tanto asuma la subida de los precios del gas- y que no corresponda a contratos de las grandes eléctricas con sus propias comercializadoras.
Con esta medida, el Gobierno pretende acabar con la incertidumbre generada en el sector renovable que forzaba en algunos casos incluso a parar plantas para no perder dinero, tal y como explicaron tanto la Asociación Empresarial Eólica y Appa.
La medida, no obstante, se explica desde fuentes del sector puede facilitar a partir de ahora los recursos judiciales ya que la aclaración de la misma podría no contar con el rango legal necesario para hacer estos importantes ajustes.
En cualquier caso, el Gobierno con esta medida logra dar una mayor tranquilidad a los operadores de renovables y despeja el riesgo de que se abra una oleada de demandas entre productores y comercializadores por este extremo.
