La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos presentados por Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra contra las resoluciones de la Administración central por las que se acordó otorgar una prórroga de 60 años para la biofábrica de Ence. La compañía, por su parte, prepara ya un recurso ante el Tribunal Supremo.
En concreto, la prórroga, permitía la ocupación de una superficie de 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a esta fábrica de pasta de celulosa Kraft en la franja entre Pontevedra y Marín, en los terrenos de Lourizán.
En la sentencia, con fecha de 15 de julio, la sala considera que la resolución de 20 de enero de 2016 de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación de la ministra, no justifica, como exige la Ley de Costas, que la papelera, por su naturaleza, no pueda tener otra ubicación.
Antes de pronunciarse sobre el fondo, la Audiencia da validez al allanamiento de la Abogacía del Estado formalizado en el año 2019.
En cuanto al fondo del asunto, el tribunal explica que en virtud del artículo 32.1 de la Ley de Costas se debe justificar que las instalaciones cuya prorroga se acuerda por su naturaleza no pueden tener otra ubicación.
En el caso concreto, la Audiencia indica que de acuerdo con la prueba pericial practicada se desprende que el agua dulce, en un determinado volumen, es un recurso necesario e imprescindible para el proceso productivo de las plantas de pasta de papel Kraft con blanqueo, como la de Ence Pontevedra, así como la proximidad a recursos hídricos (agua salada o dulce) para la evacuación del vertido, "pero no que dichas plantas por su naturaleza o configuración, tengan que ubicarse en el dominio público marítimo terrestre, que es lo que exige el artículo 32.1 de la Ley de Costas".
Por tanto, añade, pueden situarse en las proximidades, pero fuera de dicho demanio costero, en las proximidades de los ríos o de grandes masas de agua.
La sala cita otros casos como las fábricas de celulosa BHK, como las Torraspapel S.A en Zaragoza y Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A., que se sitúan junto a ríos en los que evacuan el efluente, y también con la fábrica de Ence en Navia, que según los peritos es equiparable con la de Pontevedra, que se sitúa próxima, pero fuera del dominio costero, como se ha acreditado en este procedimiento.
Para el tribunal resulta significativo que Ence "no ha podido aportar documentación o concesión que acredite su ubicación sobre el dominio costero, sino solamente la resolución de 21 de marzo de 2013 de otorgamiento de concesión para ocupación del demanio en la margen derecha de la ría de Navia, con destino a vivero de plantas (excluyendo la plantación de Eucaliptos Nitens), no para ocupación de las instalaciones de la fábrica".
La sentencia recuerda que "la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo terrestre debe perseguir, ex artículo 2 de la Ley de Costas, entre otros fines el de asegurar su integridad y debida conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias, así como las de garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas, que en el caso de autos, la Orden impugnada ni ha esgrimido ni justificado".
Ence recurrirá
Tras conocerse la decisión de la Audiencia Nacional, el grupo papelero y de energía ha señalado en un comunicado que, "desde el respeto absoluto a las decisiones de la justicia", quiere poner de manifiesto "su desacuerdo" con esta decisión del tribunal, tal y como demuestran estudios independientes como los de la ingeniería Idom.
Así, insiste en que agotará todas las vías jurídicas posibles en defensa de sus intereses y reitera la validez de la prórroga de esta concesión, "de la que dependen más de 5.100 familias en Galicia de forma directa e indirecta".
La compañía subraya que la sentencia de la Audiencia Nacional supone "un duro golpe" para el empleo y la economía de toda Galicia, donde Ence es una de las principales industrias de la comunidad autónoma y la biofábrica de Pontevedra dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte.
Adicionalmente, otros 2.100 empleos del sector forestal de Galicia dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra. En total, más de 5.100 empleos, a los que se suman las cerca de 200.000 familias productoras forestales del Norte de España, que también se verían afectadas por el cese de la actividad de esta planta y la consiguiente caída de la demanda, añade la empresa.
Cumple "sobradamente" la legislación ambiental
Por ello, Ence asegura que la planta en Pontevedra "cumple sobradamente" con toda la legislación ambiental y, con su actividad, promueve la utilización de celulosa, un material reciclable, biodegradable y sustitutivo de los derivados del plástico.
Además, defiende que su actividad está además alineada con la transición energética, al autoabastecerse en energía renovable, y con la economía circular, como demuestra el certificado 'Residuo Cero' concedido por Aenor, atesorando, asimismo, "importantes reconocimientos medioambientales".
