Ence tiene planificada una inversión de 395 millones de euros en su biofábrica de Pontevedra para mejorar su eficiencia y su calidad ambiental durante la vida útil de la instalación, de acuerdo con el Plan Industrial de la planta, actualizado en noviembre del año pasado; a ellos se suman otros 200 millones del Plan Estratégico 2019-2023 de la compañía, pero todas las cantidades dependen de que se despeje el futuro de la planta, amenazada de cierre.
La empresa presidida por Ignacio de Colmenares defiende sus previsiones para mejorar la fábrica de celulosa de Pontevedra, en contra de las acusaciones del delegado del Gobierno en Galicia y del Concello de la ciudad, que le han pedido algo que ya tiene: un Plan de futuro para la instalación, amenazada por un pleito en la Audiencia Nacional y por la futura Ley de cambio climático, que pueden anular la autorización que le concedió el Gobierno en 2016 para operar hasta 2073.
El Plan, además, se actualizó en noviembre, en la última modificación del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS), una herramienta de ordenamiento del territorio que afecta a la planta y a su incidencia sobre el entorno, cuyas determinaciones prevalecen sobre las previsiones contrarias del planeamiento local.
En el Plan, elaborado tras recibir la citada autorización -una prórroga de 60 años de su concesión en el dominio público marítimo-terrestre-, Ence detalla cómo mejorará la instalación, desde el aumento del ahorro de agua, hasta los procesos de producción de pasta de papel, pasando por la reducción de las emisiones de polvo o de ruido. Una parte de la inversión, 105 millones, está considerada de carácter prioritario y prevista para ejecutar en un plazo de cuatro años.
El desembolso de los 290 millones restantes dependerá de que la planta consiga superar los escollos regulatorios y alcanzar el período de vida útil considerado, hasta 2073, y de las propias necesidades de la instalación, en función de sus requisitos de mantenimiento.
Otros 200 millones del Plan estratégico
Al margen de estas inversiones de carácter ambiental, la compañía prevé otros 200 millones para aumentar su capacidad y su rendimiento entre 2019 y 2023, tal y como recoge la actualización de su Plan estratégico, todo ello condicionado a que pueda prolongar su vida útil hasta 2073. Desde el año 2016 la compañía ha invertido 132 millones.
En el caso de que finalmente la planta perdiera la citada prórroga, Ence tendría que destinar 73 millones a su desmantelamiento, otros 15 millones al expediente de extinción del empleo y otros 16 millones a la cancelación de contratos.
Ence tenía previsto invertir 250 millones para ampliar la capacidad de producción de celulosa de la planta de Pontevedra, pero ante la incertidumbre sobre su futuro, decidió destinarlos a las instalaciones de Navia (Asturias). Esta planta tiene pendiente una inversión que llega a los 500 millones para diversificar, flexibilizar y aumentar su capacidad de producción, paralizada hasta que suban los precios de la celulosa, en mínimos durante 2020.
Durante el pasado año, la biofábrica gallega redujo su producción un 4% sobre 2019, por una parada por mantenimiento de 25 días, frente a los 10 días de un año antes.
