Industria

El abogado del Estado avaló otorgar una prórroga de 60 años a la fábrica de Ence en Pontevedra en 2015

  • El jurista cambia de criterio ante una oleada de finales de concesiones
Foto: Archivo.

El abogado del Estado avaló otorgar la prórroga de 60 años a la biofábrica de Ence en Pontevedra en un informe firmado el 24 de noviembre de 2015, dos meses antes de que el Gobierno publicase la Resolución que autorizaba funcionar a la instalación hasta el año 2073. En consecuencia, la reciente decisión de la Abogacía de abandonar la defensa de dicha Resolución, contra la que hay tres demandas presentadas en la Audiencia Nacional, implica un radical cambio de criterio, producido por una oleada de vencimientos de concesiones.

El Comité de Empresa de Ence se reunió el pasado martes en Madrid con Ismael Aznar, director del gabinete del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. La cita estaba concertada con este último, pero se ausentó alegando motivos de agenda. En el encuentro, tal y como revelaron el miércoles los representantes de los trabajadores Ignacio Acuña y Ana Cedeira, durante una rueda de prensa celebrada en Pontevedra, Aznar les indicó que el Gobierno de Mariano Rajoy concedió la prórroga a la instalación de Ence sin disponer de informe jurídico previo de la Abogacía del Estado, según recoge Europa Press.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aclaran que se ha producido un "desafortunado malentendido" y que Aznar en ningún momento dijo que la Resolución se aprobase sin informe de la Abogacía del Estado.

"Conforme a derecho"

Efectivamente, Isabel Bonelli Jaudenes, abogado del Estado, emitió un informe sobre la Propuesta de resolución de la prórroga, al que ha tenido acceso elEconomista, en el que puede leerse que: "Examinadas las consideraciones jurídicas, condiciones particulares y prescripciones contenidas en la propuesta de resolución, y considerando la normativa legal y reglamentariamente aplicable, se estiman las mismas conforme a derecho".

El informe recuerda que la prórroga no excederá de 75 años y que se computará desde la fecha de la solicitud, con independencia del plazo que reste para la extinción de la concesión que se prorroga.

Así pues, la Abogacía del Estado ha cambiado totalmente de criterio, puesto que ahora defiende que la concesión -no la prórroga- no puede extenderse más de 75 años.

De hecho, el Ministerio ha sacado a información pública una reforma del Reglamento de la Ley de Costas que incluye esta limitación, basándose en el nuevo informe de la Abogacía, el 611/2018, cuya memoria de impacto reproduce parcialmente: la Abogacía ahora defiende que la normativa debe modificarse porque contraviene tanto la Ley de Costas como la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. El Ministerio aclara que este nuevo informe se realizó "con motivo de la oleada de finalizaciones de prórrogas de la Ley de Costas que se produjo el 29 de junio de 2018".

Ence ya ha anunciado que va a defender el mantenimiento de su planta en Pontevedra en todas las instancias judiciales que pueda, incluidos los tribunales europeos. Y los trabajadores anunciaron que también se van a personar en los procesos para defender sus 400 empleos y criticaron el uso electoralista de la instalación.

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