El Ministerio de Transición Ecológica, encabezado por Teresa Ribera, se ha puesto manos a la obra para tratar de revisar la prórroga concedida a la planta de celulosa de Ence en Pontevedra por el anterior gobierno del Partido Popular (en 2016). En particular, el Gobierno no defenderá la concesión por un plazo de 60 años y ha respaldado los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Pontevedra (del BNG), la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra y Greenpeace. Las acciones de Ence sufren esta incertidumbre y llegan a dejarse un 5% en el Ibex 35.
Los procedimientos, ahora en la Audiencia Nacional, ponen en duda la validez del tiempo de la concesión y la ubicación de la planta. Un escrito de la Abogacía del Estado entiende que el plazo máximo para una prórroga tiene que contarse desde el momento en que se otorgó la primera vez la concesión y no puede exceder los 75 años. La planta de Ence en Pontevedra inició su actividad en 1958.
Una discrepancia que ya adelantaba Pedro Sánchez, en un mitin en Pontevedra el 17 de junio de 2016, y en el que el socialista se mostró dispuesto a apoyar la revisión de la prórroga. Pero ¿por qué ahora? La empresa lo tiene claro y cree que esta actuación sólo puede ser explicada en clave electoral y supone una amenaza a miles de puestos de trabajo con sus consecuentes proveedores, ya que Ence es el destinatario de la mitad de la madera que se produce en Galicia.
La planta de celulosa, en cifras
¿Qué supondría el cierre de Ence? En primer lugar la destrucción del empleo. De la biofábrica de Pontevedra dependen de forma directa e indirecta más de 5.100 familias. La planta dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte (cada día 300 camiones entran en la fábrica y la celulosa de Ence supone la mitad del tráfico del Puerto de Marín ya que se exporta el 95% de la producción), así como más 2.100 empleos en el sector forestal de Galicia que dependen directamente de la actividad de la fábrica.
Además el sector forestal del noroeste de España se vería muy afectado por una fuerte bajada de precios provocada por la caída de la mitad de la demanda, lo que afectará a las más de 200.000 familias productoras forestales. El 30% de las personas empleadas en el sector forestal de Galicia dependen de la actividad de Ence.
Qué pasa con las inversiones
Las inversiones, por su parte, también se verían afectadas, ya que la compañía se comprometió con la prórroga de la concesión en 2016 a acometerlas por 71 millones de euros de los que están realizadas más de 40 millones y comprometidas otras 10 millones. Además, tiene previsto un programa de inversiones en Galicia por otros 47 millones y un plan social en Pontevedra de tres millones al año.
Por otro lado, en el Plan Estratégico 2019-2023, presentado el pasado mes de noviembre, Ence anunció una inversión de 350 millones de euros durante los siguientes cinco años en Pontevedra, lo que generaría aún más empleo.
Ence ha asegurado que que va a "utilizar todas las vías jurídicas para defender la validez de la prórroga de la concesión"
Las intenciones del PSOE no son nuevas. En 2018, la ejecutiva local del PSOE de Pontevedra se comprometió a "insistir ante Madrid de la necesidad de tomar decisiones que favorezcan la salida" de Ence y Elnosa de la ría "y el traslado de su producción a otro lado", según dijo entonces el portavoz municipal, Agustín Fernández, tras la reunión mantenida con representantes de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR).
Las reclamaciones fueron escuchadas en Transición Ecológica pero el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, envió una carta al Concello de Pontevedra en la que aseguraba: "Consideramos que en estos momentos debemos esperar la resolución judicial de los procesos correspondientes a los recursos contenciosos administrativos presentados ante a Audiencia Nacional". Y subraya que "este Gobierno ejecutará lo que resulte de la resolución judicial que recaiga".
Mientras, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la decisión "unilateral" del Gobierno central. "Esa decisión no fue comunicada a la Comunidad Autónoma. De esa presunta decisión no tuvimos ninguna información ni directa ni indirecta", ha esgrimido, lo que ha tachado de "falta de respeto sin precedentes al Gobierno de Galicia".
Por ello, Feijóo ha pedido que el Ejecutivo central "aclare" este asunto "con la mayor celeridad posible" y diga "cuál es su alternativa". "Es evidente que el Partido Socialista se toma de broma al país", ha sentenciado, cargando también contra la política industrial de "las mareas de Podemos" por apoyar el cierre de la planta de Ence.
Sea como sea, Ence ha prometido dar la batalla y ha asegurado que que va a "utilizar todas las vías jurídicas para defender la validez de la prórroga de la concesión", dado que "intereses de parte y acuerdos políticos quieren anular en contra de los derechos e intereses de sus trabajadores, proveedores, accionistas y de todo el sector forestal del noroeste".
