
El Gobierno trata de avanzar en el diseño de la operación de salvamento de la planta de Alcoa en San Ciprián. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, el Ejecutivo ha pedido al grupo británico GPG que presente garantías financieras para seguir adelante con la operación a tres bandas que estaba preparando para el rescate, pero estas garantías podrían llegar a demorarse, al menos, dos meses por los problemas que atraviesa en estos momentos el grupo de Sanjeev Gupta.
En un primer momento, la previsión del Ejecutivo pasaba por firmar la compra de la planta de Alcoa y cerrar el contrato de suministro de alúmina para posteriormente venderle dicha instalación a GFG.
Con este planteamiento, el Estado se convertía en el garante del suministro de alúmina a la planta y se quitaba de encima rápidamente la instalación, al tiempo que Alcoa también borraba de un plumazo los riesgos legales que le implicaba esta operación.
Alcoa presentó a la Sepi el pasado mes de febrero sus condiciones de venta y espera ahora la respuesta del holding público que se va a retrasar por culpa de los problemas que se han generado en Greensill, uno de los principales financiadores de GPG.
Pese a esta situación, un portavoz oficial de GFG Alliance explicó que: "Nuestras operaciones se desarrollan con normalidad y nuestros principales negocios siguen beneficiándose de las buenas condiciones del mercado, generando sólidas ventas y flujos de caja. Nuestro programa de eficiencia operativa ha mejorado la rentabilidad y estamos avanzando en nuestras conversaciones con instituciones financieras para diversificar nuestras fuentes de financiación. Todos nuestros empleados están puntualmente informados y les vamos informando a medida que progresamos en el cumplimiento de nuestros planes".
En cualquier caso, los rumores de que el Gobierno británico está a punto de inyectar dinero al grupo para salvar los empleos de la compañía son crecientes. Esta situación complicaría la operación que estaba preparando el Gobierno español y a la que algunas voces han llegado incluso a proponer que se sumen los activos de Alu Ibérica, que también tiene importantes problemas.
Con este escenario, parece lógico que la reunión celebrada entre Gobierno, sindicatos y compañía finalizase sin grandes avances, lo que está incrementando la preocupación por parte de los sindicatos, que tienen muy en cuenta que la fecha tope de la negociación se sitúa en el 30 de abril, es decir, mucho antes del plazo en el que podría alcanzar las garantías el grupo británico en el mejor de los escenarios posibles.