La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha puesto sobre la mesa la propuesta de circular con la nueva metodología de peajes de gas, lo que provocará un aluvión de refacturaciones que pueden afectar a cerca de 600.000 clientes.
Según fuentes del sector, esta situación daría lugar a un gran nivel de incertidumbre sobre el precio final de facturación al tener que considerar el consumo del año anterior para aplicar el peaje correspondiente. El problema de esta situación es que se producirán refacturaciones al concluir el año, dado que no siempre el consumo se corresponderá con el escalón de peaje aplicado, a diferencia de la normativa actual en la que no se producía refacturación, sino solo reubicación.
Según cálculos del sector, un 8% de todos los consumos de gas tendrán que ser refacturados. Los clientes más damnificados serán los suministros pequeños y medianos, como las calefacciones centralizadas, las gasineras, el sector servicios (hospitales, colegios, hostelería, etc.) y la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, que sufrirán incrementos muy importantes en su factura a causa de los nuevos peajes.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta que se dan variaciones muy relevantes en los peajes respecto a los valores actuales, de entre el -53% y +220% en función del volumen de consumo, y existen discontinuidades en el paso de un peaje al siguiente, lo que en opinión de los expertos del sector provocará discriminaciones y generará inseguridad en los consumidores.
Asimismo, las compañías deberán destinar nuevos recursos financieros para adaptar sus sistemas para aplicar esta actualización de las tarifas, que tampoco se incluyen en la retribución de las mismas. La modificación en los peajes provoca, por lo tanto, una mayor complejidad operativa. En los peajes de salida de la red de distribución existe una variación de la clasificación de los consumidores, por la que se pasaría a agrupar a todos los consumidores únicamente por consumo, en vez de por presión y consumo. Estas propuestas realizadas por el organismo que preside José María Marín Quemada suponen un cambio total de modelo y una fuerte incertidumbre regulatoria que, a priori, ya se ha saldado con el parón temporal de inversiones de las tres primeras empresas de distribución de gas y con el consiguiente efecto sobre el empleo.
La CNMC sigue avanzando en la tramitación de estas circulares, tal y como le encargó el Gobierno el pasado mes de enero, para que puedan estar completamente aprobadas antes de acabar el año.
