El Ministerio de Fomento se prepara para asumir el control de las autopistas de peaje propiedad de Abertis que vencen el próximo 31 de diciembre: la AP-7 entre Tarragona y Valencia y Valencia-Alicante y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Estas tres vías suman un total de 468 kilómetros. El departamento que dirige en funciones José Luis Ábalos ultima los detalles de las licitaciones para el mantenimiento y la conservación de las carreteras una vez reviertan al Estado. De acuerdo con fuentes ministeriales, la idea es dividir los trabajos en cinco contratos diferentes, cuatro para la AP-7 y uno para la AP-4.
El objetivo es lanzar los concursos el próximo mes de septiembre para poder elegir a los contratistas antes del final de la concesión y evitar así una situación como la ocurrida el año pasado con AP-1 Burgos-Armiñón. Esta autopista, propiedad de Itínere, venció el 30 de noviembre. El Ministerio se vio obligado a acometer un contrato de emergencia con la concesionaria al no sacar a tiempo la licitación para su conservación. El acuerdo se limitaba inicialmente a seis meses, que han sido ampliados ante las dificultades para lanzar un concurso abierto. Es previsible que se concrete en las próximas semanas.
Fomento aún tiene que definir el plazo de los contratos para la conservación de la AP-7 y la AP-4, una labor que hasta finales de año corresponde a Aumar, la concesionaria propiedad de Abertis que explota estas autopistas. El precio, por tanto, también es una incógnita. Si los contratos se extienden durante dos años más tres ampliables, podría situarse en el entorno de los 150 millones de euros, siempre atendiendo el presupuesto indicado en su día por el ministro de Fomento para la AP-1.
La nacionalización de las autopistas de Aumar tendrá, por tanto, un efecto sobre el gasto público en conservación de carreteras, además del derivado de la supresión de los impuestos pagados por la concesionaria. La reversión de las autopistas de pago ha abierto el debate sobre la necesidad de implementar un modelo sostenible que podría discurrir por la implantación de peajes blandos en toda la red de alta capacidad, toda vez que las partidas presupuestarias son insuficientes año tras año para conservar adecuadamente las carreteras españolas.
No en vano, los cálculos de la Asociación Española de la Carretera (AEC) es que el déficit ya supera los 7.000 millones. Abertis y el resto de concesionarias han tratado sin éxito que el Estado extienda los plazos de concesión -o en su defecto haga una relicitación- a cambio de inversiones para ampliar y mejorar las vías como ocurre en otros países, pero el Ejecutivo ha cerrado esta puerta.
Tras la AP-1, en 2018, y los tramos de la AP-7 y la AP-4, en 2019, le llegará el turno en 2021 a otros cuatro tramos de la AP-7 (La Jonquera-Montmelo, Montmelo-Papiol, Papiol-Tarragona y Papiol-Molins de Rei) y uno de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. Estas autopistas son gestionadas por Acesa, cuya dueña es también Abertis. Suman 479 kilómetros. El Gobierno socialista ya ha anticipado que también serán revertidas al Estado.
También en 2021 vencen los contratos de Invicat, concesionaria igualmente del grupo que controlan Atlantia y ACS. Esta sociedad explota la C-32 Montgat-Tordera y la C-33 Barcelona-Montmelo, de 66 kilómetros. Se trata de dos autopistas de titularidad de la Generalitat de Cataluña. Aumar, Acesa y Invicat aportaron el 51,7% del resultado de Abertis en 2018.
Entidades
José Aljaro
Consejero delegado de AbertisRelacionados
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