El sector del gas prepara una dura defensa para tratar de evitar, o al menos suavizar, el hachazo que ha puesto sobre la mesa la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) a su retribución.
A lo largo de esta última semana, las compañías han vivido un auténtico shock al conocerse unos recortes de más de 6.000 millones, que han provocado fuertes desplomes en bolsa (Enagás, más de un 15%) y forzado medidas drásticas como la paralización temporal de inversiones de Nedgia, la mayor distribuidora de gas en España.
Las agencias de calificación crediticia como S&P y Fitch han alertado de la repercusión de esta medida en las notas de crédito de las empresas y los bonos de algunas de las compañías de distribución de gas como Redexis (-1,07%), Madrileña Red de Gas (-1,71%) y Nortegas (-1,68%) han retrocedido desde el pasado día 4 de julio.
El Ministerio, que ya ha protestado por el primer paquete de Circulares en las que se regulan los derechos de acceso y conexión, tal y como adelantó elEconomista, ha iniciado ya el estudio de los actuales borradores y está a la espera de que el regulador reciba las alegaciones que presentará el sector el próximo 9 de agosto y les remita su propuesta definitiva para emitir sus respectivos informes, previsiblemente en octubre.
La ministra Ribera deberá decidir en su caso si convoca la Comisión de Cooperación para tratar de buscar un acuerdo con la CNMC si, como aseguran las empresas, la propuesta planteada va radicalmente en contra de las orientaciones de política energética que el Ministerio dictó el pasado mes de abril.
Queda por ver si esa comisión podrá reunirse de forma rápida, ya que se espera que el propio organismo regulador entre en un proceso de renovación interna con la salida del presidente y otros consejeros este mes de septiembre, así como la marcha de alguno de los principales técnicos, como es el director de Energía, a otros destinos internacionales.
Aplicaciones industriales
En las alegaciones que pretenden comenzar a hacer públicas las empresas en las presentaciones de resultados semestrales destacan especialmente sus advertencias sobre el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y las ventajas de esta tecnología para algunas aplicaciones industriales de uso intensivo de calor como el sector azulejero, el vidrio, el papel o la siderurgia.
Las compañías consideran que una menor inversión en gasificación puede generar un mayor uso de otras tecnologías, como las calefacciones de gasóleo. La gasificación es uno de los medios para mejorar la eficiencia. En España hay más de siete millones de viviendas que utilizan el gas, pero existen todavía unos 17 millones que no tienen acceso al mismo y que utilizan butano (alrededor de otros siete millones) o calderas de carbón o gasóleo, lo que generaría más emisiones.
Arbitrajes o el Supremo
Otro de las alegaciones girará alrededor de la seguridad jurídica. Tal y como ya indicó este diario, los fondos se plantean acudir a arbitajes internacionales para defender sus derechos.
Las Circulares, explican, mantienen un rango inferior al de una orden ministerial, lo que supondría llevar el proceso ante el Tribunal Supremo. Las demandas se centrarían, según indican, en el cambio de las bases de retribución que antes se centraban en el número de clientes captados y ahora se retribuirán por la amortización de activos en el caso de la distribución de gas o en el caso de transporte, donde además de este cambio se eliminan por completo conceptos retributivos que estaban reconocidos como la "Remuneración por la continuidad del suministro".
El sector considera que el modo actual definido por el regulador no es un modelo de retribución sobre activos
La retribución a la distribución de gas, aseguran fuentes del sector, es una de las más baratas de Europa. España retribuye con alrededor de 175 euros por cada punto de suministro, frente a los 301 euros de Francia o los 254 euros de Alemania, según los datos de PwC.
El sector considera que el modo actual definido por el regulador no es un modelo de retribución sobre activos, la metodología que se aplicó en 2002 y que ha permanecido invariable desde entonces, y creen que el modelo de incentivos está justificado ante la necesidad de inversiones en el sector y la obligación de que sean eficientes.
Las inversiones en el sector se hacen considerando periodos de recuperación de al menos 20 años
Las inversiones en gas tienen un riesgo considerable, que otras actividades reguladas no tienen, lo que puede llevar a una mayor volatilidad, en función de cual sea el desempeño de las empresas.
El sector gasista es un sector de largo plazo, las inversiones se hacen considerando periodos de recuperación de al menos 20 años y en la metodología para fijar el sistema de retribución solo se contempla la foto de cada seis años, por lo que explican que cambiar las reglas del juego a las inversiones ya realizadas genera inseguridad a los inversores, por falta de reglas claras.
Diferente sería si el regulador fijara condiciones nuevas a las inversiones nuevas. Esto es posible y ante las nuevas condiciones, los inversores podrían tomar libremente la decisión de invertir o no. El regulador tiene dos objetivos, favorecer la inversión y cuidar los precios finales. Si ante las nuevas condiciones, las empresas deciden no invertir, el regulador no habrá logrado cumplir con ninguno de sus cometidos, ya que no existirá inversión, los precios finales se resentirán y se pondrán en riesgo los objetivos fijados en el Plan Nacional de Energía y Clima.
Planificaciones erróneas
El principal problema que existe en estos momentos con el recibo del gas corresponde a la parte de los peajes (impuestos y cargos) tras una planificación discutible del Estado en cuanto a infraestructuras se refiere como la del Castor.
La responsabilidad del regulador y del Ministerio, cuyas hojas de ruta contemplaban un aumento continuado de la demanda y que ahora están infrautilizadas por el auge de las renovables, sumado a un descenso en la utilización de ciclos combinados de gas, provocó que fuera más difícil hacer frente a los costes regulados del sector.
Sin embargo, los precios finales para los clientes industriales (que tienen una ventaja económica sobre los domésticos porque no han de asumir el coste de las infraestructuras) demuestran que en comparación con el resto de los países de la UE, España tiene precios similares en todas las bandas de consumo. Más importante si cabe es cuando se analiza la comparativa de los peajes, el cliente industrial paga por debajo de los comparables europeos, indican las empresas del sector, aunque es un extremo que niegan los grandes consumidores.
Hay que tener en cuenta además que el cargo por distribución no es una partida relevante en la factura: la distribución supone un 11% de los costes del sistema y estos a su vez son la mitad del recibo del gas. Con esta situación, el anuncio del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, de que en enero de 2020 comenzará a bajar los peajes de electricidad y gas comienza a ponerse en duda.
