Empresas y finanzas

Maroto y Ribera vuelven a chocar por la prohibición de los carburantes para luchar contra el cambio climático

  • Industria plantea "analizar y equilibrar" la futura Ley de transición energética

El Ministerio de Industria, entre las medidas de la Agenda sectorial de la Industria Química y del Refino en España, presentada esta mañana en Madrid, enmienda la plana al Ministerio para la Transición Ecológica, al plantear entre sus medidas para fomentar esta industria hasta 2030 "analizar y equilibrar el impacto sobre la economía de la normativa de cambio climático y transición energética" que este último está preparando y que ha levantado ampollas en la industria petrolera y en la del automóvil por incluir la prohibición de consumir diésel o gasolina.

La Cartera dirigida por Teresa Ribera presentó un documento de trabajo sobre la futura Ley de cambio climático y transición energética a mediados de noviembre que incluía tres medidas que no gustaron nada a las empresas petroleras: la prohibición de matricular vehículos con emisiones directas de CO2 en 2040, la obligación de que las gasolineras instalen un punto de recarga para vehículos eléctricos bajo pena de sanción de 30 millones de euros, y la supresión de cualquier subsidio o incentivo económico para favorecer el consumo de combustibles fósiles.

La industria, aglutinada en la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) aprovechó la celebración de su 50 Aniversario para mostrar sus descontento con una intensidad muy poco habitual. Desde entonces, rara ha sido la intervención pública de sus responsables en la que no hayan aprovechado para demostrar su malestar.

Y esta mañana, durante la presentación de la Agenda sectorial de la Industria Química y del Refino en España -la hoja de ruta elaborado para el sector por Industria, la AOP y la patronal química, Feique (Federación Empresarial de la Industria Química Española)- no ha ocurrido nada distinto, con el agravante de que, entre las 38 medidas del documento, se incluye una, la número 14, denominada "Analizar y equilibrar el impacto sobre la economía de la normativa de cambio climático y transición energética", responsabilidad de las secretarías de Estado de Energía y de Medio Ambiente, ambas enclavadas en el Ministerio de Ribera.

Ley sin "efectos económicos indeseados"

Concretamente, la medida explica que la futura Ley de cambio climático, debe tener como prioridad simultánea la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción de los costes energéticos. Adicionalmente, para "no generar efectos económicos indeseados", la medida desglosa que debe la futura Ley debe contemplar lo siguiente:

Que el reparto de esfuerzos para alcanzar los objetivos de descarbonización sea "equilibrado entre todas las actividades productivas". Que se continúe apoyando la investigación y el desarrollo de tecnologías que reduzcan emisiones con un marco de financiación y una regulación estable y predecible para favorecer las inversiones. Que la transición energética no sea interpretada "como un proceso disruptivo, sino evolutivo", lo que conlleva "seguir mejorando la eficiencia de todas las tecnologías a lo largo del proceso de transición". Que evite que el coste de ayudas a la transición se incorporen a los costes del sistema eléctrico. Y que incentive y estimule las innovaciones en los dos sectores para "dotarlos de ventajas competitivas en su adaptación a la nueva Ley".

Durante la presentación de la Agenda, Luis Aires, presidente de AOP ha insistido en que la actual redacción de la Ley "podría afectar a la competitividad y por lo tanto, a la viabilidad económica de la industria del refino" y ha reclamado que uno de sus principios sea "con un análisis coste-eficiente, priorizando las alternativas con mayor capacidad de reducción de emisiones al menor coste posible" y de acuerdo a criterios de "neutralidad tecnológica".

Basándose en esas dos premisas, Aires ha cargado contra el borrador de la Ley por las tres medidas citadas, indicando que no son coste-eficientes ni neutrales desde una perspectiva tecnológica, y que, incluso, van "contra el principio de libertad de empresa", como sucede con la obligación de instalar los puntos de recarga en las estaciones de servicio.

La ministra, por su parte, también se ha referido a la materia. Maroto ha valorado el debate que ha generado el borrador conocido de la Ley y las aportaciones del sector, y ha considerado que la Agenda presentada "es el espacio para el debate". Ha recordado que también está trabajando con la industria del automóvil y ha mostrado su confianza en que de esta relación surjan las "herramientas" para abordar el "reto de país" que supone el cambio climático.

Maroto ha dicho que la Ley es "necesaria" y "compleja", que debe tener en cuenta intereses enfrentados, que debe ser fruto del consenso político y ha recordado, para terminar, que "nadie puede acusar al Gobierno de haber tomado, hasta este momento, ninguna medida que perjudique a la industria".

No es la primera vez que se produce una gran disparidad entre los criterios defendidos por Teresa Ribera y los criterios defendidos por Reyes Maroto, quienes se han visto abocadas a defender posiciones discrepantes públicamente por los diferentes intereses de sus carteras. Pero hasta ahora esas diferencias no se había plasmado por escrito en un documento oficial.  

Facturación de 103.000 millones

Los sectores químico y del refino alcanzan una cifra de negocios de 103.000 millones de euros, contribuyen de manera directa, indirecta e inducida en un 6,5% al PIB español, realizan el 20% de las exportaciones industriales de España, representan el 25% de la inversión y gasto en I+D+i del conjunto de la industria y generan, a través de sus 720.000 empleos directos, indirectos e inducidos, el 4% del empleo español.

La Agenda Sectorial de la Industria Química y el Refino tiene 38 medidas en ocho líneas de actuación: política industrial, inversión y crecimiento, energía y cambio climático, infraestructuras logística y transporte, marco regulatorio y administrativo, política comercial y vigilancia de mercado, innovación, digitalización, y desarrollo tecnológico, productividad laboral y desarrollo de talento, y estímulo de la demanda, estableciendo medidas concretas para cada una de ellas bajo un común denominador: impulsar un crecimiento sostenible y justo.

Entre las medidas destacadas están el aumento del tamaño de los camiones de 40 a 44 toneladas, evaluar la creación de una Unidad de Productos Químicos -hay productos que llevan cuatro años esperando una evaluación para comercializarse-, racionalizar la tributación medioambiental o promover los contratos bilaterales de energía.

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