Los fabricantes de automóviles, las petroleras y las gasolineras rechazan la propuesta del Gobierno de prohibir la venta de vehículos ligeros propulsados con combustibles fósiles a partir de 2040 -y de impedir su circulación a partir de 2050-, que ha incluido en el borrador de la futura Ley de cambio climático y transición energética.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo en verano que "el diésel tiene los días contados", y su ministerio acaba de asignarle fecha de caducidad, a él, a la gasolina y al resto de combustibles con emisiones directas de CO2, como el gas; sólo podrán consumirse en vehículos pesados y en 2050 serán marginales. El Ministerio -que este martes presentó las líneas generales de su propuesta legislativa a la prensa- subraya que su planteamiento es similar al de otros países de nuestro entorno, como Reino Unido o Francia, y menos ambicioso que el de Dinamarca, Holanda o Alemania, que quieren prohibirlo en 2030.
Sin embargo, la Asociación de Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) le ha replicado que en estos países las prohibiciones se complementan con potentes medidas de apoyo, que en Reino Unido suman 1.700 millones de euros y en Alemania 1.000 millones, mientras que España sólo han destinado 74,5 millones.
Anfac "rechaza de plano" la idea, que considera "excesiva en sus objetivos y acelerada en sus plazos", cree que supone una reconversión industrial completa y acelerada de las fábricas españolas -que aportan el 10% del PIB y generan el 9% del empleo- y revela que "no ha contado con la opinión de las asociaciones del sector ni de los sindicatos", que ya estaban negociando con el Gobierno la formación de un Consejo Estratégico de la Automoción.
También este martes, poco antes del anuncio del Ministerio, José Domínguez, secretario de Estado de Energía, señaló en un acto del Esade que el Gobierno ya había iniciado las negociaciones con el sector del automóvil en dicho foro y que la industria tenía que "transformarse para producir diferentes tipos de coches".
Genera incertidumbre
La Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), por su parte, ha indicado que "prohibir determinados tipos de vehículo no es la solución", porque se necesitarán todas las tecnologías para alcanzar los objetivos ambientales. Recalca la dificultad de prever la evolución de motores, baterías y combustibles en 2040, y recuerda que el anuncio "genera una gran incertidumbre en los consumidores".
Como alternativa a los vehículos tradicionales, la propuesta defiende los vehículos eléctricos, y obliga a todas las gasolineras a incorporar puntos de recarga para ellos de un modo progresivo, según su volumen de ventas.
La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) considera que la propuesta del Gobierno es "cosmética" porque cree que 2040 ya no se fabricarán vehículos diésel o gasolina.
Ribera defendió la propuesta por la tarde, indicando que "generará empleo estable y de calidad" y que "recoge el sentir unánime de la sociedad española".
