El plan de la Generalitat de Cataluña para acabar con Uber y Cabify en Barcelona ha despertado serias dudas legales entre los propios técnicos de las consejerías del Govern, como la de Economía, y los despachos de abogados de un bando y de otro. El decreto-ley que ultima el departamento de Territorio para obligar a que los servicios de las VTC se contraten con horas de antelación corre así el riesgo de vulnerar competencias del Estado, incumplir leyes europeas y atentar contra la Ley de la Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM).
En concreto, según las distintas fuentes jurídicas consultadas por este diario, el decreto-ley impulsado por el Govern de Joaquim Torra chocaría de lleno con dos preceptos de un artículo de la Constitución: el 149.1.6, que recoge que la legislación mercantil está reservada al Estado, y el 149.1.13, que asegura que las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica es competencia exclusiva del Estado. Y es que la medida alteraría las condiciones de contratación del transporte de viajeros, que deben ser iguales para toda España, y supone una discriminación respecto del taxi.
En este punto cabe recordar que la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2018 en la que avala el límite de una licencia de VTC por cada 30 de taxi también establece que ambos sectores tienen derechos iguales en el ámbito de la precontratación, que es en el que compiten. Así, la Generalitat no podría establecer un plazo para la solicitud de un Uber si no establece el mismo para los taxis que sean precontratados a través de las aplicaciones. Eso siempre y cuando se interprete que el Real Decreto 13/2018 habilita a las CCAA a regular la precontratación hasta ese extremo, algo que no está claro, aunque el equipo jurídico de Elite Taxi, liderado por Elpidio Silva, así lo defienda.
En este sentido, la Autoridad de Competencia Catalana aseguró ayer que ve "discriminatorio y restrictivo" imponer un periodo mínimo de precontratación y amenazó con "impulsar las acciones pertinentes".
Los ayuntamientos que han intentado prohibir la circulación de las VTC en el centro en favor del taxi se han encontrado con la oposición de la Justicia, que ha suspendido cautelarmente las medidas aprobadas por Córdoba o Granada, por ejemplo. En Madrid, Manuela Carmena trató de prohibir en 2017 la entrada de las VTC a la Gran Vía durante los episodios de contaminación y la decisión fue tumbada por la Justicia.
A su vez, el decreto-ley, que acabaría con la actividad de Uber y Cabify, choca de lleno con las leyes europeas que, entre otras cosas, protegen el libre establecimiento de las empresas en todo el territorio de la Unión Europea, del que Cataluña forma parte. La Generalitat, que también podría ser denunciada por prevaricación, tiene un proceso judicial abierto por intentar limitar la implantación de radioemisoras de taxi en Cataluña, como MyTaxi, que fue suspendido cautelarmente.
¿Recursos al Constitucional?
El sector del taxi ha explicado a este diario que al incluir el plazo de precontratación en la ley catalana éste no podrá ser recurrido directamente ni por las VTC ni por la CNMC, por lo que lo dan por hecho. Y es que lo cierto es que solo el Gobierno de Pedro Sánchez tiene el poder de suspender automáticamente su aplicación. El Ejecutivo tendría un plazo de hasta nueve meses para impugnar el texto tras su aprobación, una posibilidad sobre la que todavía no están trabajando. Fuentes de Fomento aseguran que hasta que no se conozca la ley no se estudiará si se toman medidas. En este punto cabe recordar que aunque Fomento recurrió el reglamento de AMB luego retiró la solicitud de suspensión cautelar del mismo ante las presiones recibidas desde Cataluña. Por vía directa también puede ser recurrido por 50 diputados o senadores, por el Defensor del Pueblo o por el propio Govern. En este caso la suspensión no es inmediata. Las VTC lo recurrirán pero por vía indirecta.
