La guerra de taxi contra las VTC escribe un nuevo capítulo a nivel autonómico. Tras las amenazas de huelga por parte del gremio catalán, los taxistas madrileños han anunciado hoy que volverán a salir a la calle mañana para manifestarse y exigir que la Comunidad de Madrid regule la actividad de Uber y Cabify para "garantizar que se cumpla la exigencia legal de que exista una licencia de VTC por cada 30 taxis".
La regulación debe aprobarse de forma acordada entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional y, según explica el presidente de la FPTM, Julio Sanz, mientras el Consistorio de Manuela Carmena ha mostrado cierta predisposición para avanzar en ella "existe falta voluntad política desde la Consejería de Transportes del Ejecutivo autonómico".
La protesta, que va contra la Comunidad de Madrid, ha sido convocada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), la Asociación Gremial Autotaxi (AGATAM), y la Asociación Madrileña del Taxi (AMT) y tendrá lugar mañana miércoles, 9 de enero, a las 11.00 horas. El recorrido de la misma comenzará en la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid (c/ Orense 60) y concluirá en la Consejería de Transportes (c/ Maudes 17).
Los taxistas de Barcelona también han amenazado con una huelga indefinida y bloquear la celebración del Mobile World Congress
El Ayuntamiento de Madrid ha abierto un periodo de consultas para preguntar cuales deberían ser las medidas que pueden aprobar para limitar la actividad de Uber y Cabify dentro de las ciudades y si deberían pedir más competencias a la Comunidad. Actualmente el Consistorio puede limitar tráficos y, hasta una nueva normativa, ha decidido incluir a las VTC en las restricciones de tráfico de Madrid Central, Gran Vía y las aplicadas por episodios de contaminación. Es decir, las medidas van encaminadas a equiparar los sectores del taxi y Uber y Cabify, un punto contra el que el gremio quiere luchar.
En este sentido, los taxistas de Barcelona también han amenazado con una huelga indefinida y bloquear la celebración del Mobile World Congress si la Generalitat se niega a aprobar medidas que diferencien la actividad de ambos sectores. La primera es que se fije un plazo de 12 horas entre la precontratación del servicio y la prestación del mismo y la segunda es que los vehículos VTC tengan que volver a base entre carrera y carrera. El Ministerio de Fomento ya mostró sus dudas sobre la legalidad del plazo de precontratación y por eso se negó a imponerlo cuando anunció la creación del registro de viajes, que todavía no está en marcha mientras que la segunda medida fue eliminada de la ley en 2009. Elite taxi se reunió ayer con la Generalitat para plantear sus exigencias y ésta aseguró que "van a estudiar la viabilidad jurídica y el viernes a mucho tardar nos dicen algo para bien o para mal", explica la asociación. Así, los taxistas han dado hasta el viernes para confirmar los paros.
Las exigencias de Madrid son también controvertidas legalmente porque implica la creación de la licencia autonómica, que no podrá ser cien por cien efectiva hasta que Fomento no se retire de la gestión de los tráficos urbanos dentro de cuatro años, y la selección de qué vehículos pueden tener derecho a tener esa nueva licencia y cuales no, lo que implicará una clara discriminación. Así, a lo que aspira el gremio es a que se queden fuera de la ciudad unas 5.857 licencias VTC que actualmente operan dentro de la M-30. Y es que, para que se cumpla la proporción 1/30 en madrid tendría que haber unas 519 VTC y hay 6.376, según los datos publicados a diciembre.
"Somos conscientes de que la proporción 1/30 no se puede alcanzar de la noche a la mañana, pero sí se puede emprender a corto plazo ese camino con diferentes medidas, como ya se ha podido comprobar en lugares como Barcelona. La cuestión es que tiene que existir voluntad política", afirma el también presidente de ANTAXI, Julio Sanz.
