Empresas y finanzas

Las televisiones controlarán la SGAE en plena guerra por la música nocturna

  • Hevia es elegido nuevo presidente de una entidad al borde de la escisión
Hevia durante una actuación, tocando la gaita tradicional y no la gaita electrónica inventada por él.

Las televisiones han conseguido colocar al frente de la SGAE a sus candidatos, dejando a la entidad al borde la ruptura ante la decisión de las grandes discográficas -BMG, Sony, Universal, Warner y Peermusic- y de un grupo de más de 500 autores de abandonar el organismo y crear una nueva sociedad. De fondo está la guerra entre los músicos que mantienen contrato con las discográficas y aquellos que han firmado acuerdos con las editoriales de las televisiones, que además de tener que pagar derechos de autor han encontrado una vía para cobrar también por ellos, a través de la música emitida de madrugada.

Y el hecho es que, en línea con lo que querían las televisiones, lideradas por Atresmedia y Mediaset, la junta directiva eligió ayer como presidente al músico asturiano José Hevia y como vicepresidentes a Teo Cardalda, por el Colegio de Pequeño Derecho (músicos), a Fermín Cabal por el de Gran Derecho (dramaturgos, compositores de obras dramáticas y coreógrafos), a Antonio Onetti por el Audiovisual (directores, guionistas y compositores) y a Clifton Williams, en representación de la productora Alabama Mu-sic Business por el Colegio de Editores. Alabama Music es una empresa intermediaria en la contratación de música comercial, que posee una librería con cientos de sintonías para producciones publicitarias y audiovisuales, para su emisión en televisión o radio.

Por su parte Teo Carralda, vocalista de Cómplices desde 1987, presentó en septiembre junto a Hevia, Jorge Pardo y Juan José Carmona Camborio, entre otros, un documento en el que mostraban su "absoluto rechazo" a las enmiendas al texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que, en su opinión, pretenden "cercenar" sus derechos, ya que buscaba frenar la llamada "Rueda de las televisiones". El medio millar de músicos y ejecutantes españoles que firmaron el documento trabajan habitualmente con canales de televisión, mediante sellos editoriales participados por las propias cadenas.

Petición de diálogo

En sus primeras declaraciones ante los medios, Hevia ha manifestado que trabajará "por el diálogo y el entendimiento entre todos los que formamos esta junta directiva y seré el presidente de todos y para todos los socios que forman parte de la entidad". El gaitero sucede en el cargo a José Miguel Fernández Sastrón, que ha sido presidente de la sociedad durante algo más de dos años y que está imputado ahora precisamente por el fraude de La Rueda de música en televisión.

Hevia admitió que la sociedad se enfrenta a la ruptura, a la que calificó como Brexit, y reconoció que "si queremos mantener la gestión colectiva de los derechos de autor, es vital que no se marchen", en referencia a las grandes discográficas. Hevia es así el primer presidente en varios año que defiende abiertamente el uso de La Rueda para el reparto de los derechos televisivos. En 2013, el expresidente Antón Reixa denunció el sistema ante la Fiscalía Anticorrupción y en 2017, Sastrón solicitó un arbitraje internacional para que redefiniera las tarifas de reparto de los derechos y le quitara peso a la madrugada en favor del prime time. El laudo fue anulado por la justicia.

En este punto, Patacho Recio, portavoz de los autores críticos, insistió ayer en que "la mayor parte de la nueva junta directiva está ligada a las televisiones" e insistió en que "vamos a iniciar la retirada de nuestros catálogos e iniciar la creación de una nueva sociedad, si el Ministerio de Cultura no toma medidas".

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La SGAE rige sus contratos de acuerdo a una ley decimonónica que le permite cobrar los derechos de autor musicales hasta 90 años después del fallecimiento del autor. En esta época, un medicamento o cualquier otra patente tiene una vida de 15 años. De modo que por poner un ejemplo, la Viagra ahora es libre y la puede elaborar cualquier laboratorio farmacéutico sin pagar ningún cano a su descubridor. Hasta cuándo se va a mantener esta legislación obsoleta que perjudica claramente a los consumidores y que está en contradicción flagrante con los derechos de patente generales de todo tipo. Ya está bien de abuso. El gobierno debería promover el bien común y no unos derechos caducos de un grupo de privilegiados amparados en una ley hecha a su medida.

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