El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, se ha quedado solo al frente de la compañía y, cuestionado por la mayoría de los accionistas y miembros del consejo de administración, será despedido este jueves. Pero la batalla que ha abierto en el seno de la empresa de grandes almacenes contra el resto del capital no acabará aquí. Según han confirmado fuentes jurídicas próximas al proceso, el objetivo final pasa también por su expulsión del máximo órgano ejecutivo, una decisión que tendría que ser aprobada en la junta de accionistas que se celebrará el próximo mes de agosto.
Las hermanas Marta y Cristina Álvarez, apoyadas por el resto del consejo, consideran que mantenerle en el máximo órgano ejecutivo sería una irresponsabilidad porque supondría, de algún modo, mantener al enemigo en casa. "En el consejo no puede estar alguien que ha judicializado la compañía, amenaza con impugnar las reuniones, cuestiona las decisiones que se toman, acusa de cometer irregularidades al resto de consejeros y filtra, además, las deliberaciones internas a los medios de comunicación", aseguran las fuentes consultadas.
Antecedentes
Es algo parecido, de hecho, a lo que ocurrió con la Corporación Ceslar, la sociedad patrimonial de la familia Areces Galán, propietaria de un 9% del capital y cuya representante, Paloma García Peña, fue expulsada en 2015 tras presentar varias demandas contra la empresa por la entrada del inversor catarí Al Thani. Ceslar se quedó sin su sillón en el consejo por lo mismo de lo que se acusa a ahora Gimeno, la filtración de las deliberaciones del máximo órgano ejecutivo.
De momento, el hasta ahora presidente ha anunciado que no acudirá a la reunión del máximo órgano ejecutivo, en la que se votará a partir de las doce de la mañana su destitución. El pasado 4 de mayo el secretario del consejo, Antonio Hernández Gil, a petición de cuatro consejeros -Florencio Lasaga, Carlos Martínez Echavarría, Víctor del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa- instó a Gimeno a proceder a la convocatoria de este consejo.
Es una petición a la que se sumaron posteriormente Cristina y Marta Álvarez y Paloma García Peña, totalizando así siete de los diez votos posibles. Sin embargo, ante la negativa de Gimeno, que ha procedido a la convocatoria de otra reunión paralela el próximo 12 de julio con el objetivo de denunciar una supuesta corrupción interna en el grupo, la cita se ha realizado sin contar con él, pero de acuerdo con lo que establecen los estatutos de la sociedad.
A pesar de ello, Gimeno ha declarado ya que impugnará la reunión ante los tribunales, una medida que tiene muy pocas posibilidades de prosperar, pero con la que estaría tratando únicamente de ganar tiempo. Su intención, según parece, pasa por solicitar medidas cautelares para intentar frenar el nombramiento como nuevo presidente de Jesús Nuño de la Rosa e intentar mantener el puesto hasta que se celebre la junta de accionistas el próximo mes de agosto. Su problema es que tiene en contra a más del 70% del capital, y está perdiendo incluso el apoyo de los directivos del grupo, algunos de los cuales llegaron a posicionarse de su lado. Estos accionistas representan cerca del 6% del capital y Gimeno ha contratado al despacho de abogados Cremades, especializado en la defensa de los minoritarios, para tratar de aunar fuerzas.
Sin apoyos
Su problema es que, aunque logrará un pequeño apoyo, tiene una amplísima mayoría, de al menos el 70% de los accionistas en contra. Se trata de la Fundación Ramón Areces, que tiene un 37,39%; de Cartera de Valores Iasa, que suma otro 22,18%; de Cartera Mancor, con un 7%, y de la familia García Miranda, con un 2,5% adicional. Pero es que tampoco suma ningún apoyo claro.
Corporación Ceslar, con un 9%, apoya su plan de salir a bolsa, pero rechaza su gestión y se mantendrá al margen. Al igual que Al Thani, que se hará como mínimo con un 10% de las acciones en julio y que se decanta también por la abstención. Y eso al margen del 5,93% de acciones que está todavía en autocartera.
El consejo de administración y la mayoría del capital reprochan a Gimeno haber fracasado de forma estrepitosa en la gestión de la compañía durante los últimos cuatro años y proponer cosas, como la creación de una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que no ha llevado a cabo durante su etapa como presidente.
Tras la entrada de Al Thani en el accionariado, se comprometió a alcanzar un crecimiento medio anualizado del 12% del ebitda durante tres años y no lo ha conseguido, lo que permitirá al multimillonario árabe sumar otro 1% del capital, valorado en 100 millones. El Corte Inglés aumentó su ebitda un 10,4%, hasta 912 millones de euros, en el ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2016, en el primer año tras la firma del acuerdo. En el segundo ejercicio el crecimiento se ralentizó y el ebitda creció tan solo un 7,5%, hasta 981 millones. En la práctica, esto significa que para poder cumplir el compromiso con Al Thani el ebitda debería haber crecido el último año un 18%, algo muy poco probable.
Y eso sin olvidar que se gastó 150 millones en un plan de bajas para reducir la plantilla en 1.340 personas y que son puestos que ha ido que ir cubriendo posteriormente, dejando prácticamente igual el número de trabajadores.
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