Quedan poco más de dos semanas para que el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, convoque la reunión del consejo de administración que le han solicitado cuatro de los miembros del máximo órgano ejecutivo para aprobar su destitución. Y consciente quizás de que su permanencia en la presidencia está en el aire, ha iniciado una guerra sucia sin precedentes en la historia de la compañía.
Apoyado por su madre, María Antonia Álvarez, y por su tío, César Álvarez, Gimeno ha contratado los servicios de Teresa Morán, una veterana consultora de comunicación, propietaria de la agencia Affidavit, que fue directora de comunicación de Endesa durante nueve años y que desempeñó previamente el cargo de asesora y directora de comunicación del Ministerio de Industria y Energía, formando parte incluso de los consejos de Enasa (Empresa Nacional de Automoción) y Astano (Astilleros Españoles).
Pero no solo eso. Además, y según han confirmado también distintas fuentes, cuenta, entre otros, con la ayuda en tareas de comunicación de Ángel Barutell, antiguo director de Relaciones Externas de El Corte Inglés, que molesto, al parecer, por la liquidación recibida tras su jubilación le está asesorando en sus relaciones con los medios. Fuentes próximas a Barutell aseguran, sin embargo, que "carece de todo vínculo en la actualidad con la que fue su empresa durante casi cuarenta años, se encuentra jubilado y completamente ajeno a guerras internas o cualquier tipo de cuestión que se esté debatiendo en el seno interno de la que fuera su empresa, El Corte Inglés".
El problema es que Gimeno ha ido incluso un paso más allá. Y además de abogados y consultores de relaciones públicas, su familia ha contratado también los servicios de la agencia Kroll, experta en la detección de fraudes y el espionaje, tal y como publicó el viernes este periódico.
El objetivo es detectar las supuestas irregularidades en el área de seguridad, que de forma paulatina su entorno ha ido filtrando a los medios de comunicación, en contra de los intereses del propio grupo. Gimeno acusa al antiguo director de seguridad de la empresa, Juan Carlos Fernández Cernuda, de haber contratado a empresas vinculadas con su familia, algunas de las cuales habría vendido ya con el contrato en mano a grandes firmas del sector. Fernández Cernuda era un hombre de la máxima confianza de su tío, el entonces presidente Isidoro Álvarez, fallecido en 2014, para el que empezó a trabajar en calidad de guardaespaldas personal. Gimeno se enfrentó desde el primer momento a él, al considerar que es una persona próxima a sus primas, las hijas de Isidoro, Marta y Cristina Álvarez, y desde hace tiempo lleva reclamando la realización de una consultoría forensic para esclarecer las irregularidades.
El último paso ha sido pedir la ayuda de una firma de inteligencia y seguridad israelí, el grupo NSO, propiedad del empresario Francisco Partners, para detectar si hay nuevos fraudes en otras áreas del grupo.
Todo mientras trata de ganarse el apoyo de la Corporación Ceslar, expulsada del consejo de administración en 2015, acusada de filtrar información relevante del máximo órgano ejecutivo tras la inyección de mil millones de euros por parte del inversor catarí Al Thani, y de solicitar también la salida a bolsa para ganarse igualmente el respaldo de éste.
De forma paralela, tanto la madre como el tío de Gimeno han puesto en marcha una avalancha de demandas contra las hijas de Isidoro Álvarez, su propio hermano, llegando a cuestionar incluso su última voluntad en el testamento. Aunque algunas fuentes aseguran que María Antonia Álvarez no tiene ningún tipo de relación con sus sobrinas y que hay un enfrentamiento personal, sus representantes legales lo niegan.
"Nuestra representada, en el libre ejercicio de los derechos que la amparan, tiene interpuestas en la actualidad sendas demandas de reclamación de cantidades por entender estar mal realizada la partición de herencia. Sin lugar a duda, ello no es sinónimo de odios o venganzas, es simplemente una defensa de lo que le pertenece y es suyo por derecho propio como legataria", aseguran sus abogados.
Gimeno lucha por mantener la presidencia, pero si la pierde, es probable que se vea obligado a vender junto a su madre y su tío el 7% que tienen en total en el grupo a través de Cartera de Valores Iasa, una sociedad que está controlada por las hermanas Álvarez. Sobre todo, porque deben 96 millones de euros a la Comunidad de Madrid por el impuesto de Sucesiones, derivado de la herencia de Isidoro Álvarez.
