
Más allá de las condiciones económicas de sus ofertas, el Gobierno quiere que Atlantia y Hochtief, la filial alemana de ACS, garanticen que Abertis seguirá siendo una empresa generadora de riqueza para España. Moncloa quiere evitar a toda costa que se repita lo ocurrido con Endesa. Hasta ahora, ni la italiana ni la germana han trasladado ninguna tentativa en esta línea al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, que considera que las concesiones de autopistas estatales y las participaciones de Abertis en grupos estratégicos, como Hispasat y Cellnex, obligan a que sea necesaria su autorización. CaixaBank da la espalda a ACS al quedarse fuera del crédito por Abertis.
"Hasta ahora solo conocemos las propuestas financieras y lo que quiere el Gobierno es que nos traigan un plan en el que se garantice la españolidad del mantenimiento de las concesiones, que lleve un pliego de compromisos y que cree riqueza en España y no ocurra lo de Endesa", señala un alto cargo del Ejecutivo, muy implicado en todo el proceso y con la lección aprendida, que pide guardar el anonimato.
El Ejecutivo considera que tiene mucho que decir en esta operación, porque Abertis sustenta una parte importante de su negocio en la explotación de autopistas cuya titularidad es del Estado. "Si te doy concesiones, te puedo poner condiciones", sostiene esta fuente, que recuerda cómo Enel ha reducido el tamaño de Endesa desde su compra y ha derivado muchos de los suministros a empresas italianas o, al menos, no españolas. "Son monopolios del Estado -en referencia a las actividades que desarrollan tanto Abertis como la eléctrica- y como tal deben responder al interés común", abunda.
Lo que pretende el Ejecutivo es, en definitiva, que Abertis siga contando con contratas españolas para el mantenimiento de las carreteras (asfalto, señalizaciones, peajes, etc.) y que haya una estrategia definida de que acometerá aquellos actuaciones necesarias en las autopistas, como circunvalaciones y accesos. El alto cargo del Gobierno incide en que, diferencia de Enel con Endesa, otras empresas extranjeras, aún actuando en libre competencia, sí cuentan con planes que favorecen la contratación de firmas españolas como Carrefour y Orange -"toda la red de fibra la compra aquí"-.
Pero, además, Moncloa estima que ha de conocer cuál es el destino que le espera a Hispasat, que también gestiona concesiones de satélites y sobre la que el Estado tiene derecho de veto ante un cambio accionarial, y de Cellnex, concesionaria de infraestructuras de telecomunicaciones. Atlantia y Hochtief ya han mostrado su disposición a desprenderse de ambos activos. "Es cierto que dicen que van a vender Hispasat, pero todavía no lo han hecho; y con Cellnex, igual, es una empresa estratégica y a ver quién la compra", advierte.
Posturas enfrentadas
Aunque desde el Gobierno aseguran no tener preferencia por Atlantia o ACS, el precedente de Endesa, sumado al veto de Roma a la compra de Autostrade, origen de Atlantia, hace 11 años, no ayuda a la compañía italiana.
Ahora bien, el grupo que dirige Giovanni Castellucci al menos ha garantizado que Abertis mantendrá su sede en España, una consideración que Hochtief también prevé, aunque dependería del resultado de la oferta y de si es obligada la fusión, en cuyo caso podría trasladarse a Essen (Alemania).
La transalpina, además, ha comprometido que la concesionaria que preside Salvador Alemany continuará cotizando en España, frente a la propuesta de la germana, que la excluirá de bolsa. Un tercer punto discordante es que Atlantia ha asegurado al actual equipo gestor de Abertis su permanencia, en oposición a Hochtief, que no ha prometido nada en esta línea.
Entretanto, el Ministerio de Fomento y el de Energía aguardan sendos informes de la Abogacía del Estado en relación a la propuesta de Atlantia, ya aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ambos ministerios remitieron dos cartas al organismo que preside Sebastián Albella a finales de septiembre, en las que constataban que no han recibido la solicitud por parte de Atlantia para el análisis de la obtención de la autorización sobre las concesiones de peaje y para el cambio accionarial de Hispasat.
Hochtief , por su parte, tampoco ha requerido formalmente a los departamentos que dirigen Íñigo de la Serna y Álvaro Nadal su visto bueno. En su oferta, remitida al supervisor español el pasado 18 de octubre, señala que "se solicitarán las autorizaciones pertinentes de las autoridades competentes españolas", sin dar mayor detalle.
Fomento considera que es "el único competente para determinar si es o no necesaria dicha autorización y dicho análisis tiene que partir de la administración". El ministerio se remite al artículo 31 de la Ley de Autopistas, que establece que "la cesión hecha a un tercero requerirá el previo consentimiento del Gobierno y habrá de ser total, sin que se admitan cesiones parciales de determinados tramos de la autopista". Asimismo, alude al pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.
Días después de recibir las misivas, la CNMV aprobó el folleto de la oferta pública de adquisición (opa) de Atlantia. En el mismo, el grupo transalpino explicó ampliamente el respaldo legal que, a su juicio, le asiste. Según recoge en el documento, una opa no supone la cesión de las concesiones a terceros y estima que "las sociedades concesionarias de autopistas seguirán siendo las mismas y permanecerán bajo el control de Abertis". Recuerda, de hecho, que en operaciones pasadas, como cuando Sacyr lanzó una opa por Europistas, no se solicitó la autorización de Fomento.