
La investigación judicial abierta contra Ausbanc y la detención por extorsión y fraude procesal no ha paralizado la marcha de la organización. Calificada por el juez Santiago Pedraz en su último auto como "trama criminal", mantiene en nómina más de un centenar de abogados, con unas 15.000 demandas en marcha en los juzgados de toda España, según recogen datos internos de la red.
Fuentes de la asociación admiten que el 95% de estas demandas son contra entidades financieras, aunque hay abiertos también procesos judiciales contra otras compañías, como aerolíneas u operadores de telecomunicaciones.
Ausbanc comercializaba entre los bancos a los que demandaba informes trimestrales, conocidos comos los Itcra, donde elaboraba una correlación de las quejas y reclamaciones de los consumidores. Según el juez Pedraz, la compra de estos informes por parte de las entidades "podría considerarse un pago por medio del cual se camuflarían otro tipo de acuerdos".
Intervenciones telefónicas
Las intervenciones telefónicas entre el presidente y fundador de la asociación, Luis Pineda y su tesorero, Alfonso Solé, revelan que el precio trimestral de los informes Ictra ascendía a 50.000 euros. Sin embargo, el propio presidente de Ausbanc fijaba la cuantía aleatoriamente en función de las gestiones que estuviera realizando para las distintas entidades.
Precisamente, Pineda llegó a pedir hasta 70.000 euros por los Ictra a Unicaja, coincidiendo con el momento en el que estaba negocionando con Manos Limpias retirar la acusación popular contra el presidente de la entidad, Braulio Medel, en el caso de los ERE a cambio de un millón de euros. De acuerdo con el último informe entregado, el correspondiente al tercer trimestre del pasado ejercicicio, al que ha tenido acceso elEconomista, el 48% de las reclamaciones iniciadas en los tribunales correspondía a la solicitud de devolución de acciones de Bankia.
Hay otro 36% por el establecimiento de clausulas suelo, pero también por obligaciones suboordinadas, intereses abusivos, cancelación de vuelos o telefonía.
Según se supo la semana pasada, el juez Pedraz está investigando extorsiones a todo tipo de empresas y no únicamente a bancos. Además de veinte firmas del Ibex, según fuentes de la investigación, se sospecha que la organización presionó también para que pagara a compañías como Volkswagen, a la que acabó demandando a través de Manos Limpias en la Audiencia Nacional, o también Air Europa.
Con todo su entramado empresarial, Pineda logró así llegar a facturar cerca de 13 millones de euros al año, desviando, según los autos judiciales, parte del dinero a través de facturas falsas no sólo para gastos personales, sino también en forma de retribución prácticamente fija para su mujer, María Teresa Cuadrado.