La Paz, 7 may (EFECOM).- El Gobierno de Bolivia afronta esta semana demandas de varios sectores, entre ellos de los empleados de la salud, que hoy realizaron protestas y colapsaron el centro de la ciudad de La Paz para reclamar atención a sus peticiones.
Los más de 12.000 funcionarios de los hospitales públicos del país cumplieron su décimo segundo día de huelga exigiendo un incremento del 7 por ciento en sus salarios, un punto más al aprobado por las autoridades, entre otras aspiraciones.
Al menos 800 funcionarios hospitalarios, de ellos la mitad de la ciudad de La Paz, están en huelga de hambre para presionar al gobierno, según dijo a Efe su máximo líder, José Gonzales.
Los sanitarios de La Paz volvieron a salir a las calles hoy para expresar su reclamo al gobierno del presidente Evo Morales, que los ha censurado por abandonar a los enfermos en los hospitales públicos.
La ministra de Salud, Nila Heredia, rechazó la huelga y confirmó que iniciará acciones penales contra los que promueven el paro por atentar contra la salud pública.
El mismo incremento salarial reclaman los cerca de 100.000 maestros públicos, de las ciudades y del campo, cuyos dirigentes iniciaron hoy una reunión para definir acciones de presión en procura de obtener una respuesta favorable a su demanda.
Los docentes realizaron un paro de actividades la semana pasada y amenazan con llevar a cabo otro desde mañana.
Los más radicales en sus protestas fueron hoy los vendedores de ropa extranjera usada, que empezaron a cumplir su amenaza de realizar marchas en la sede de gobierno.
Varios miles de afiliados al Comité de Defensa de Prendería Usada se concentraron en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, y caminaron hasta el centro paceño para provocar caos en el tráfico, donde se enfrentaron a pobladores que se oponen a su movilización.
En la plaza San Francisco, por donde pasan casi todas las manifestaciones en la urbe paceña, los comerciantes intercambiaron insultos con grupos de fabricantes de ropa que defienden la industria boliviana.
El viceministro de Producción y Microempresa, Ramiro Uchani, declaró a los periodistas que no se ampliará el plazo para la importación legal de ropa usada, como lo piden los denominados "ropavejeros", y dijo que está en marcha un plan para crear empleos alternativos.
Hoy, de nuevo salieron también a las calles grupos de personas discapacitadas que reclaman al gobierno socialista una renta mensual vitalicia que les ayude a sobrevivir. EFECOM
jcz/mb/jma
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