Mutua Madrileña ha salido victoriosa de un pleito abierto en el año 2014 con el Ayuntamiento de Madrid ante las pretensiones del consistorio de cobrar unas tasas extemporáneas por la ocupación de los terrenos donde se edificó la Torre de Cristal para instalar grúas y las casetas de las obras. Tras siete años de disputas legales, el Tribunal Supremo ha dado la razón al grupo asegurador, permitiéndole desdotar el aval constituido en su día para encarar el litigio -en 2020 rondaba los 5 millones- y obligando al Gobierno local a asumir sus costes.
La cuantía que aspiraba a cobrar el consistorio multiplicaba por varias veces dicho importe y no se agotaba en Mutua ni en la Torre de Cristal, sino que comprometía también a Sacyr y Repsol como promotores de otros dos rascacielos erigidos en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.
No afectó a OHL -actual OHLA- e Inmobiliaria Espacio, dueño de la cuarta torre, porque en su caso ya habían prescrito los cuatro años tope para reclamaciones así al haber finalizado su complejo antes de 2008.
Y es que el litigio se remonta a 2012, cuando el Ayuntamiento les requirió tributar por la superficie utilizada en la fase de construcción para instalar las casetas de obra y las grúas. Su demanda llegaba cuatro años después de la construcción de las torres -habían sido edificadas entre 2005 y 2008-. La disconformidad con la tasa llevó el caso al Tribunal Económico Administrativo de Madrid, especializado en reclamaciones frente a las actuaciones tributarias del Consistorio, aunque los tres promotores han llevado sus casos por separado.
En el proceso cuestionaron las cuantías y hasta si el consistorio tenía o no derecho a cobrar las polémicas tasas. En las obras es habitual pagar una renta por ocupación de superficies durante los trabajos de construcción en cuantías acordes a su uso, es decir, no es igual ocupar un parque que una calle principal o invadir aceras y en este caso se trataba de un solar sin acceso a los ciudadanos porque estuvo vallado durante toda la construcción.
Frente a cuantías que algunos expertos limitaban a algunos miles de euros por la situación del complejo -inhábil para usos públicos-, el Ayuntamiento pretendía recaudar 15 euros por metro cuadrado al mes. Con una superficie de unos 12.000 metros cuadrados, la suma pretendida oscilaba entre los 12 y 15 millones por las tres torres donde el tributo no habría prescrito, según estimaciones de expertos realizadas en su día.
Junto al importe también se cuestionó la capacidad del Ayuntamiento para aplicar la tasa porque no se invadía espacio público y además no estaba claro si, por entonces, los terrenos eran ya propiedad pública o seguían en manos privadas. Para erigir el Skyline hubo que cambiar el uso de la Ciudad Deportiva del Real Madrid para construir el complejo.