En los últimos meses se está agravando el problema de acceso de los nuevos medicamentos en España. La complejidad de las nuevas moléculas, basadas en tecnologías que han cambiado la forma de enfocar la medicina (terapias avanzadas, génicas, personalizadas...), ha elevado la tensión entre unos precios que son altos y una política basada en la contención del gasto.
Sin embargo, muchos economistas de la salud coinciden en que el término alto es muy relativo, si bien defienden preservar la sostenibilidad del sistema. Por ejemplo, si un medicamento consigue la remisión de un cáncer, más allá de la mejora evidente en salud del paciente, ¿se debe tener en cuenta a la hora de poner un precio los ahorros en costes hospitalarios que ha propiciado la terapia o los resultantes de que el ciudadano pueda reincorporarse al mercado laboral? Cuando un nuevo medicamento que tiene una alternativa en el mercado propicia, por ejemplo, que haya menos efectos secundarios, ¿se debe tener en cuenta y financiarlo a un precio superior que la competencia?
Los economistas de la salud valoran un sistema de precios basados en el valor. En un informe firmado en verano de 2021, cuatro catedráticos (tres de ellos trabajan también asesorando al Ministerio de Sanidad) escriben que "como afirma la Organización Mundial de la Salud, el balance que quepa hacer del sistema de Precio Basado en el Valor del tipo implementado en el Reino Unido sea favorable. En teoría es un enfoque que ofrece incentivos para estimular la innovación, que parece no originar retrasos significativos en el lanzamiento de nuevos medicamentos y que contempla el coste de oportunidad de los recursos sanitarios implicados". Reino Unido dispone de hace tiempo de un organismo llamado NICE, donde la evaluación económica se configura como el eje de las decisiones de financiación. En el citado informe, se concluye que una herramienta así en España sería deseable.
El camino que realiza un nuevo medicamento para entrar en nuestro país, una vez alcanzado el visto bueno europeo, es el siguiente, grosso modo. La Agencia del Medicamento elabora un informe denominado de Posicionamiento Terapéutico. En él se establece qué lugar debería ocupar contando con las alternativas que existan. A partir de ahí, una Comisión Interministerial, junto a la presencia de comunidades autónomas (en minoría de voto) deciden si financiar el medicamento bajo el precio que ha solicitado la compañía farmacéutica. Es en esta parte del proceso donde más choques se producen entre empresa y administración. Los economistas lamentan demasiada opacidad en el proceso, de ahí que recomienden la existencia de un NICE patrio. Un intento de Sanidad es que la propia Agencia del Medicamento haga la evaluación económica también, pero existen pocos evaluadores como para exceder la carga actual de trabajo.
En los últimos tiempos, el ministerio de Sanidad, a través de la Dirección de Farmacia, ha desarrollado la herramienta Valtermed, un sistema que busca ajustar el precio según los resultados en salud que consiga un nuevo medicamento. El propósito de la medida gusta a la industria, pero también lamentan que Sanidad sigue decidiendo el precio de antemano y es a partir de ese precio donde se modula. Es decir, deja contentos a medias. También existen modelos de financiación como el pago por resultado. Recientemente, ministerio y Roche alcanzaron un acuerdo para un medicamento oncológico que solo se abona en el caso de que cumpla su cometido.
Son este tipo de acuerdos, unido a un examen de los costes indirectos que ahorra un determinado fármaco, los que se deben ir abriendo camino como práctica habitual en moléculas de alto impacto. Es la única manera de evitar que el paciente se quede sin una alternativa que, paradójicamente, podría recibir en Francia.
